El Acto III de las protestas estudiantiles en Francia dejó sin actividad a más de 1.800 liceos este martes 06 de octubre, casi la mitad de los 3.700 que existen en el país, según el recuento del Sindicato de Escuelas Secundarias （USL）.

A las calles salieron cerca de 450.000 personas repartidas en una treintena de ciudades. El Ministerio del Interior manejó un número menor, 256.000, una discrepancia habitual que intenta reducir impacto en las grandes movilizaciones pero que no desdibuja el hecho de fondo, el sistema educativo quedó detenido.

La protesta no nació este martes, arrancó a mediados de septiembre en la periferia parisina y desde ahí se extendió hasta cubrir todo el territorio nacional. La adhesión creció jornada tras jornada hasta alcanzar este nuevo pico de intensidad.

La movilización ya suma semanas y no muestra señales de agotamiento, la cual exige, en primer lugar, la asignación urgente de presupuestos, el reemplazo inmediato de los docentes ausentes; a la vez que apunta contra una plataforma que define el futuro académico de millones de jóvenes.

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Esa plataforma es Parcoursup, el sistema algorítmico que reparte los cupos universitarios, los manifestantes la denuncian como una herramienta de segregación académica que decide de forma arbitraria quién entra y quién queda fuera.

Los estudiantes consideran inaceptable que las trayectorias y el futuro profesional de la clase trabajadora dependan de un algoritmo estatal. Por tanto el reclamo popular exige su derogación o una reforma profunda del sistema.

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La falta de recursos docentes y el deterioro de la infraestructura completan el cuadro, para la juventud movilizada, ambos vulneran el derecho a una educación pública digna, una demanda que el Ejecutivo ha respondido con una mezcla de apertura y represión.

Frente a estas perspectivas, originadas en los recortes presupuestarios al sector, el presidente galo Emmanuel Macron, convocó una reunión de gabinete de emergencia en el Palacio del Elíseo. El primer ministro Sébastien Lecornu fue más lejos y decretó la suspensión temporal de clases para el final de la semana.

El Ejecutivo presentó esa suspensión como un espacio de debate y «democracia interna» en los planteles. En los hechos, la medida busca desactivar una protesta que ya toca a la educación superior, con bloqueos en el 40% de los establecimientos públicos y afectaciones severas en más de 30 universidades.

Las autoridades acumulan señalamientos por recrudecer la violencia policial y las detenciones arbitrarias durante los bloqueos, una contención represiva que acompaña al gesto de diálogo y lo desmiente en la calle.

Ante el respaldo público que partidos como La Francia Insumisa （LFI） dieron a los estudiantes, el Gobierno acusó a la oposición de «alentar la violencia urbana» y buscó así correr el foco de las causas del descontento popular hacia otras fuerzas políticas en lugar de asumir las responsabilidades de la mala gestión en la escalada del malestar social.

Esas causas se anudan a las políticas de austeridad, que el Ejecutivo intenta dejar fuera de cuadro. Los recortes, la escasez de docentes y la precarización de los planteles alimentan un descontento que los intentos de criminalización por parte del ejecutivo no consiguen apagar, porque el movimiento no responde a un estallido aislado sino a un malestar estructural.

Las protestas estudiantiles en Francia continuarán y el cierre de la semana pondrá a prueba la contención oficial, al tiempo que medirá la capacidad del estudiantado para sostener la presión en las calles.

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