El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estudia convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre ante la falta de apoyos parlamentarios para aprobar las medidas de vivienda. La medida se analiza tras el voto contrario de la derecha —que tumbó los dos reales decretos leyes para frenar la especulación inmobiliaria y defender a los inquilinos—, formulado por el Partido Popular, el ultraderechista Vox y los conservadores partido catalán Junts y Unión del Pueblo Navarro.

Si el Ejecutivo decide adelantar los comicios, el anuncio de la convocatoria tendría que formalizarse entre el domingo y el lunes para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. De no tramitarse en ese lapso inmediato, el Gobierno trasladaría la cita con las urnas hacia el 6 de diciembre para hacerla coincidir con el festivo de la Constitución.

La ruptura de las negociaciones con Junts a última hora del pasado jueves 01 de octubre, desencadenó la crisis política en la coalición oficialista. La cartera de Vivienda había aceptado incluir incentivos fiscales para propietarios e inquilinos dentro del borrador, pero la directiva del partido catalán exigió retirar los textos completos para volver a negociar a puerta cerrada.

En las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), varios líderes regionales y diputados abogan abiertamente por disolver las Cortes Generales y capitalizar la indignación ciudadana generada por la crisis habitacional. Consideran que llevar la votación al límite permite retratar ante la opinión pública el rechazo de la oposición a frenar los desahucios y evidencia que defienden los fondos buitre y a quienes negocian con la vivienda.

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Por su parte, los socios de la coalición gubernamental afirmaron su disposición para afrontar una campaña electoral en caso de disolución parlamentaria. La vicepresidenta Yolanda Díaz declinó revelar los detalles de su conversación privada con el presidente, mientras el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 Pablo Bustinduy enfatizó que las fuerzas de izquierda están preparadas para cualquier escenario.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, apeló directamente a la bancada de Junts para que permitiera la tramitación del texto como proyecto de ley y evitara un perjuicio directo a los arrendatarios. Asimismo, advirtió que la caída del real decreto dejará sin la prórroga de 2 años a 5 millones de ciudadanos expuestos a subidas de alquiler.

En el tramo final del debate, Sánchez tomó la palabra para exigir valentía a los legisladores y recordar que el rechazo a la norma perjudicará gravemente a las familias. En contraste, los portavoces del Partido Popular y Vox defendieron el libre mercado y demandaron la construcción masiva de 1 millón de inmuebles como única solución.

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