Desde la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, la portavoz popular del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, rechazó el voto de la derecha en el Congreso contra los dos reales decretos leyes del Consejo de Ministros en materia de vivienda, lo cual hizo naufragar el trámite parlamentario.

Las normativas buscaban un mínimo de protecciones contra personas trabajadoras y de menores ingresos que viven en alquileres, así como frenar la especulación inmobiliaria y las voracidad de los fondos buitres que sacan rédito de negociar con casas. Del Río denunció a los sectores que protegen la especulación a costa del sufrimiento de las familias trabajadoras y destacó que ha habido un «estallido de poder popular» que ya es «imparable».

A su juicio, se ha abierto un nuevo ciclo político. «Es el tiempo de la política de la gente y de hacer política valiente desde la calle».

Más temprano, en abierta demostración de vasallaje hacia los fondos buitre y la oligarquía inmobiliaria, un bloque de la derecha en el Congreso —Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox, los conservadores de Junts y el conservador Unión del Pueblo Navarro— consumó el rechazo de los dos reales decretos leyes que pretendían imponer un freno mínimo al despojo habitacional.

La maniobra parlamentaria impidió prohibir los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y la renovación obligatoria de contratos, dejando desarmada a la clase trabajadora frente a la avaricia del capital transnacional.

Frente a este acto de hostilidad contra las familias trabajadoras, las organizaciones populares encabezadas por el Sindicato de Inquilinas en Madrid y el Sindicat de Llogateres en Barcelona anunciaron el salto a la huelga general y el escalamiento de la protesta social.

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El Sindicato de Inquilinas manifestó que mantendrá la acampada en la Puerta del Sol. Días atrás, un grupo neonazi intentó desalojarlas de ese sitio por la fuerta. Ahora, sobre ellas se cierne la amenaza de expulsión de ese espacio de protesta debido a un recurso judicial que impulsa la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

Resistencia popular contra el saqueo habitacional

Antes de la votación, se produjo una marcha de manifestantes hacia las puertas del Congreso, en cuyas inmediaciones se congregaron para presionar políticamente a los diputados. También hubo concentraciones frente a las sedes de los partidos conservadores en Barcelona

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A juicio de manifestantes, el sabotaje legislativo contra las demandas populares evidencia que el modelo capitalista español prefiere perpetuar una cifra superior a los 25.000 desahucios anuales antes que tocar las rentas del gran capital inmobiliario.

Ante la complicidad de las cúpulas políticas con el negocio especulativo, el movimiento por la vivienda asume la calle, las acampadas y la huelga como las únicas herramientas legítimas de la clase obrera para defender la vida, el territorio y la dignidad.

El paquete normativo saboteado por el bloque conservador en el Congreso español contemplaba un conjunto de medidas de contención orientadas a frenar el saqueo inmobiliario y garantizar la estabilidad habitacional de la clase trabajadora.

Entre sus pilares fundamentales, los decretos establecían la renovación automática e ilimitada de los contratos de alquiler otorgando una protección equivalente a la de un empleo formal e indefinido con la única condición de que la parte inquilina mantuviera el cumplimiento de los pagos.

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Asimismo, la regulación vetada por la derecha estipulaba una prórroga obligatoria de dos años para todos los contratos vigentes con vencimiento previo a finalizar 2028, una medida de resguardo que amparaba de manera directa a casi cinco millones de personas frente a las subidas abusivas.

En el ámbito de la protección social, el texto extendía la paralización de los desahucios para hogares vulnerables hasta el año 2030, al tiempo que imponía controles estrictos al fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, exigiendo justificaciones reales a los propietarios para impedir que usaran estas figuras especulativas para encarecer impunemente el costo de la vida.

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