​El informático y activista digital sueco, Ola Bini, permanece en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito a la espera de un pasaporte de emergencia que le permita abordar un vuelo hacia Suecia, tras la revocación de su visa y una orden de deportación emitida por las autoridades migratorias de Ecuador, las cuales le prohibieron el reingreso al país por un período de 10 años.

«Estoy en el aeropuerto de Quito, donde me mantienen retenido desde la medianoche de anoche (1 de octubre). Estoy empezando a tener miedo porque no me permiten ver a mis abogados, tampoco me permiten ver al cónsul de Suecia y no sé qué está pasando. No me están dando información y, al parecer, ellos tampoco tienen claro qué está pasando», señaló Bini a través de sus redes sociales.

​La medida administrativa se concretó sin una orden de detención judicial previa. El activista fue interceptado en la vía pública cerca de su residencia por agentes policiales que le retiraron sus documentos de identidad y lo trasladaron a la sede de Migración, basando la resolución en un informe de contrainteligencia con carácter de reservado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y del Ministerio del Interior, cuyo contenido íntegro es desconocido por la defensa.

​Carlos Soria, abogado defensor de Bini, catalogó el hecho como “la vulneración de derechos más arbitraria” de la que ha sido testigo, denunciando la falta de garantías constitucionales durante el proceso migratorio y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva ante acusaciones sustentadas en documentos secretos.

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“No puede una autoridad administrativa desconocer las garantías constitucionales y tomar una decisión sobre el caso”, remarcó el jurista. ​La defensa presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Provincial de Pichincha para exigir la inmediata liberación del activista. No obstante, las autoridades administrativas procedieron con el trámite de expulsión sin esperar a que la función judicial resuelva la acción constitucional planteada.

Ante el escenario de indefensión, Bini optó por acogerse a una salida voluntaria del territorio ecuatoriano una vez que la embajada sueca en Bogotá le facilite la documentación de viaje necesaria.

​Años de persecución política tras el caso WikiLeaks

​Ola Bini, residente en Ecuador desde 2013, fue apresado en 2019 bajo la administración de Lenín Moreno, en el marco de una arremetida estatal que buscó vincularlo a supuestos planes desestabilizadores atribuidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

​Posteriormente, el Estado ecuatoriano le abrió un proceso penal por presunto acceso no autorizado a sistemas informáticos de la empresa estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

Aunque un tribunal de Pichincha lo ratificó inocente en enero de 2023, una sala de apelaciones revocó el fallo en abril de 2024 para imponerle un año de prisión, causa que finalmente prescribió según ratificó su equipo legal.

​La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y diversas organizaciones de la sociedad civil repudiaron el accionar del Gobierno ecuatoriano, exhortando al Estado a transparentar las actuaciones de contrainteligencia y advirtiendo que los mecanismos migratorios no deben instrumentalizarse como herramientas de persecución política contra activistas y defensores del conocimiento libre.

El desarrollador de software y activista digital sueco, Ola Bini, fue detenido la noche del 1 de octubre, bajo la justificación verbal de que su visado en Ecuador había sido revocado, un procedimiento que su defensa jurídica ha calificado de irregular y arbitrario.

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