Este jueves 15 de octubre, la Plaza de los Dos Congresos vuelve a constituirse en el epicentro del rechazo popular al modelo económico del Gobierno del presidente Javier Milei. 

La comunidad universitaria, centrales obreras (CGT y las dos CTA), organizaciones campesinas, colectivos de la discapacidad y movimientos sociales, están en las calles bajo dos consignas centrales: la defensa irrestricta de la universidad pública y la aplicación efectiva de la Ley de Tierras. 

​La convocatoria nacional alcanza su punto de ebullición en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, producto del sostenido ahogo presupuestario y el rechazo a la novena apelación consecutiva presentada por la Administración libertaria contra los fallos judiciales que ordenan transferir los recursos correspondientes a las casas de altos estudios.

“Desde la asunción de Milei, las transferencias al sistema cayeron a la mitad y las instituciones funcionan al límite de sus capacidades”, advirtió Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

​Revés judicial y sanciones por incumplimiento

La respuesta judicial al freno presupuestario escaló esta semana cuando el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 firmado por Milei, mediante el cual el Ejecutivo pretendía suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) aprobada por el Congreso.

Ante la sostenida negativa de la Casa Rosada a cumplir con las medidas cautelares ratificadas por la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal y la propia Corte Suprema para actualizar salarios docentes, no-docentes y becas estudiantiles, el juez Cormick resolvió aplicar astreintes diarias (multas conminatorias de 100.000 pesos por día) directamente al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, responsabilizando a la administración central por la persistente violación de los fallos. 

En paralelo, el dirigente político Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el desfinanciamiento sistemático de las universidades. 

Desde el oficialismo, portavoces como el vocero presidencial Adrián Ravier tildaron de “mito” el desfinanciamiento, mientras sectores afines al Gobierno arreciaron descalificaciones en redes sociales contra el magistrado interviniente. 

​Multisectorial contra el DNU 70/23 

Además del reclamo educativo, la movilización frente al Congreso tiene como objetivo político central presionar a la Cámara de Diputados para conseguir el quórum necesario que permita enterrar definitivamente el DNU 70/23, cuyo articulado ya fue rechazado previamente por el Senado.

​El decreto presidencial ha generado un fuerte rechazo en el frente rural e indígena, quienes se han organizados junto a la UTEP, reclaman la plena vigencia de la Ley de Tierras —afectada por los decretos del Ejecutivo y restituida por fallos judiciales—, denunciando el freno a los relevamientos territoriales, el abandono de los pequeños productores frente a la especulación de mercado y el recorte de obras en barrios populares.

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Asimismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las CTA respaldaron formalmente la movilización, advirtiendo que el ajuste golpea de manera transversal a jubilados, inquilinos, científicos y colectivos vulnerables.

​Con réplicas en plazas de todas las provincias del país desde las 13:30 hora local (y concentraciones previas desde la mañana), la jornada de este jueves refleja un nuevo punto de tensión institucional y social en la Argentina, donde miles de ciudadanos exigen el cese de los incumplimientos legales y la preservación de los derechos fundamentales frente al plan de ajuste oficial.

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