El juez federal Martín Cormick multó este miércoles al Gobierno argentino por su persistente incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), además de aplicar sanciones económicas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, como responsable directo de la Administración del Presupuesto nacional.

La decisión judicial se da a conocer horas antes de que se lleve a cabo la quinta marcha en defensa de la educación pública. La controversia se originó el martes de la semana pasada, cuando el magistrado declaró inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei para evadir la aplicación de la LFEU, una norma que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia fue ratificada por ambas Cámaras tras el veto presidencial.

Poco después de su fallo inicial, el juez concedió el viernes pasado la apelación presentada por la Casa Rosada. No obstante, advirtió que la ejecución de la medida cautelar continuaría en pie, obligando al Ejecutivo a cumplir de manera inmediata con los pagos correspondientes a los salarios de docentes y no docentes, así como al sistema de becas universitarias.

Este conflicto legal se remonta a diciembre pasado, mes en el que Cormick dictó la medida cautelar original. Dicha decisión fue ratificada posteriormente por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y quedó completamente firme en junio, luego de que la Corte Suprema rechazara los planteos presentados por el Poder Ejecutivo.

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Ante la falta de respuestas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó el martes ante el juzgado de Cormick para solicitar formalmente la aplicación de astreintes ante el incumplimiento oficial. Dicha alternativa punitoria ya había sido anticipada por el magistrado el pasado 22 de septiembre, fecha en la que intimó al Gobierno a acatar la ley vigente.

En los fundamentos de su resolución, el juez sostuvo que correspondía fijar estas multas diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”. Para ello, se basó en las competencias que le atribuyen el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798.

Debido a que Santilli ejerce como el principal responsable de la administración, la intimación recayó directamente sobre su figura. Un procedimiento similar había aplicado previamente el juez Alejo Ramos Padilla al ordenarle a Manuel Adorni garantizar el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

En esta primera etapa, el monto de la multa se fijó en 100 mil pesos por día (66 dólares), aunque el magistrado advirtió que las cifras y los funcionarios alcanzados podrían modificarse.

El área científica es una de las más golpeadas por las políticas económicas de Milei. Un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) y del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) detalló que los fondos destinados a ciencia y tecnología cayeron 50,8 % en términos reales desde el inicio de la actual gestión.

Con un financiamiento total equivalente al 0,14% del producto interior bruto, el sector científico de Argentina se ubica en un mínimo absoluto en la serie histórica iniciada en el año 1972, según datos del documento.

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