En un giro estratégico para frenar un revés parlamentario mayor, el Gobierno del presidente Javier Milei cedió el miércoles en sus pretensiones de desregular el mercado inmobiliario rural y aceptó mantener los límites a la venta de tierras a extranjeros fijados por la Ley de Tierras Rurales de 2011.

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El bloque oficialista en la Cámara de Diputados consiguió el aval para tratar en el recinto un proyecto de ley que reasegura la vigencia de los topes a la propiedad extranjera.

Con esta maniobra, la administración libertaria busca desactivar la amenaza de la oposición, que pretendía anular este jueves de forma definitiva el histórico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica firmado por el mandatario a finales de 2023.

La decisión responde a una intensa presión legislativa y social; el emblemático decreto presidencial —que derogaba la Ley de Tierras junto a decenas de normativas de alquileres, comercio exterior y otras actividades económicas— ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024.

Tras una reciente resolución de la Corte Suprema el pasado 29 de septiembre que revocó una medida cautelar y avaló temporalmente la derogación de la norma, los bloques opositores del peronismo y la izquierda unieron fuerzas para convocar a una sesión decisiva en la Cámara Baja con el objetivo de derribar la totalidad del DNU de 366 artículos.

Ante el riesgo inminente de que una anulación total en Diputados arrastre el resto de las reformas económicas y desate un complejo escenario de incertidumbre legal, la Casa Rosada optó por sacrificar su flexibilización inmobiliaria para blindar los demás componentes de su plan ultraliberal.

La propuesta de dar mayor libertad a inversores extranjeros sobre el territorio nacional había enfrentado resistencias continuas desde su concepción.

En agosto de este año, durante el trámite del proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» en el Senado, el capítulo referente a la flexibilización de tierras ya había sido extirpado debido al rechazo transversal de los bloques opositores antes de ser remitido a la Cámara de Diputados.

El retroceso del Ejecutivo coincide además con un clima de creciente conflictividad social.

La sesión parlamentaria del jueves se desarrollará en medio de movilizaciones convocadas por diversos colectivos sociales y ambientalistas en rechazo al decreto presidencial, las cuales marcharán en simultáneo con una manifestación masiva organizada por la comunidad universitaria.

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