En vísperas de los comicios generales fijados para el año 2027, el Congreso de la República de Guatemala debate un proyecto de presupuesto nacional récord estimado en 25.120 millones de dólares. Diversas organizaciones sociales y activistas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación ante la amenaza de un endeudamiento público desmedido, advirtiendo además sobre el elevado riesgo de que dichos fondos gubernamentales sean utilizados con fines clientelares en el escenario electoral.

Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino señalaron que la Superintendencia de Administración Tributaria del país solo posee una capacidad de recaudación fiscal proyectada de 125.000 millones de quetzales. Por su parte, la dirigencia del Comité Campesino del Altiplano denunció la injerencia directa de sectores empresariales para imponer recortes presupuestarios al Ministerio de Agricultura con el objetivo de redirigir partidas financieras hacia el subsidio privado de los combustibles.

El esquema de distribución planteado asigna un 67 por ciento de los recursos globales al funcionamiento interno del aparato estatal, reduce la inversión pública real a un modesto 20 por ciento y destina la cifra de 3.221 millones de dólares al servicio de la deuda. Asesores parlamentarios del bloque opositor Winaq cuestionaron severamente la opacidad de los fideicomisos públicos como Fonagro, asegurando que las ayudas financieras se desvían institucionalmente sin llegar jamás a las comunidades rurales necesitadas.

El plan financiero promovido desde la bancada oficialista contempla un endeudamiento adicional de más de 5.600 millones de dólares, el cual sería financiado mediante la emisión continua de bonos y préstamos con organismos multilaterales. Frente a esta propuesta, la propia Comisión de Finanzas Públicas del Congreso expresó su inquietud por la absoluta falta de partidas asignadas para atender las contingencias derivadas de la crisis climática que impacta al territorio centroamericano.

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Asimismo, los colectivos agrarios cuestionaron que las políticas institucionales del Ministerio de Agricultura continúen priorizando talleres de capacitación teórica por encima de la dotación efectiva de insumos agrícolas, herramientas de trabajo y avances tecnológicos. Representantes legislativos denunciaron que el proyecto presupuestario carece por completo de fondos específicos destinados a la adquisición de tractores o maquinaria pesada para potenciar a los pequeños productores del campo.

El Organismo Legislativo dispondrá formalmente hasta el 30 de noviembre, para tramitar y someter a votación la aprobación final del techo presupuestario del Estado. De ser ratificado por la Cámara sin modificaciones sustanciales, el nivel total de la deuda pública de la nación centroamericana escalará hasta situarse cerca del 30 por ciento del Producto Interno Bruto, profundizando las desigualdades sociales de las grandes mayorías.

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