La aprobación de la Ley de Aviación Civil profundizó el modelo de desregulación que mantiene a la mayoría de las pistas provinciales inoperativas y con un déficit millonario. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Aviación Civil para profundizar la política de «cielos abiertos» y reestructurar el marco regulatorio del sector.

Sin embargo, la medida legal promovida por el Ejecutivo profundiza un modelo de liberalización que no resuelve la crisis del sistema aeroportuario estatal, el cual presenta un severo déficit económico, fallas de seguridad operacional y la inactividad de la mayoría de las terminales del país.

Los jóvenes ecuatorianos salieron a las calles, y se enfrentaron al Gobierno del país. Un Ejecutivo que tiene a la salud en crisis, con un alto nivel de desempleo y con la vida, cada día más cara. ¡Fuera Noboa! Fue una de las consignas que gritaron los manifestantes en este feriado, que se llenó de indignación, ante el estado actual de Ecuador. Y en el que el poder, mostró su cruel identidad, arremetiendo con violencia a protestantes, e incluso, periodistas. ¡Gobierno vs Pueblo! ¿Qué opinas? Te leemos en comentarios. #Ecuador #DanielNoboa #ProtestasEcuador #teleSUR

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 13, 2026

A pesar de que el catastro de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) registra 33 infraestructuras en el territorio nacional, únicamente nueve aeropuertos reciben vuelos comerciales domésticos regulares.

La conectividad internacional se encuentra fuertemente concentrada en las terminales de Quito, Guayaquil y Manta, mientras que infraestructuras regionales estratégicas como Latacunga, Esmeraldas, Salinas y Tena permanecen sin operaciones comerciales desde hace varios años, evidenciando el abandono de la red conectiva territorial.

Déficit presupuestario y distorsiones financieras en la red estatal

El funcionamiento del sistema aeronáutico bajo la tutela estatal opera con un marcado desequilibrio financiero. La DGAC recauda en promedio 6,5 millones dólares anuales por tasas aeroportuarias y de navegación, un monto insuficiente frente a los costos de mantenimiento y funcionamiento del sistema, los cuales superan los ocho millones de dólares devengados cada año.

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Paralelamente, el organismo rector asume desembolsos corrientes y partidas salariales para financiar personal en terminales que entregadas a la administración de entes privados o municipales, tales como los aeropuertos de Cuenca, Baltra, Quito y Guayaquil.

Esta estructura de gastos genera un constante drenaje de recursos públicos destinados a mantener abiertas pistas e instalaciones que no registran flujo de pasajeros ni vuelos comerciales regulares.

Precarización laboral, fallas operativas e inseguridad en las pistas

El diagnóstico técnico e institucional expone fallas en la gestión de la seguridad aérea y un déficit estructural de controladores aéreos y personal operativo en dependencias clave.

Las asociaciones del sector advirtieron sobre el incumplimiento de recargos nocturnos, la falta de capacitación especializada y los riesgos de precarización mano de obra nacional que genera la autorización del servicio de cabotaje a tripulaciones extranjeras.

A las deficiencias presupuestarias se suman graves inconsistencias en la seguridad de las instalaciones, especialmente en la región amazónica.

Reportes institucionales confirman fallas en los sistemas de inspección de equipaje, deterioro en las superficies de rodadura de diversas pistas y la falta de control sobre más de 210 pistas clandestinas que operan sin certificación en el territorio nacional.

Las reformas orientadas a la desregulación y la apertura del mercado aéreo nacional, vigentes desde administraciones pasadas y afianzadas bajo la gestión actual de Daniel Noboa, no revierte el abandono de las terminales públicas ni la desarticulación del transporte aéreo en las provincias.

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