Al cumplirse dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México presentó el balance de seguridad del país. El informe de incidencia delictiva nacional describe una tendencia sostenida a la baja en la violencia y en los delitos de alto impacto, un desempeño que el Ejecutivo calificó de positivo.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública （SESNSP）, estuvo al frente de la exposición, este martes 13 de octubre durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta, el documento se apoya en las cifras consolidadas que entregaron las 32 fiscalías estatales de la República.

El dato central mide el pulso de la violencia homicida, los homicidios intencionales. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 a 42.2 crímenes por jornada, esta contracción supera el 52 %.

Esa caída equivale a 45 víctimas menos cada día frente al arranque del mandato federal. Septiembre de 2026 quedó como el mes con el registro más bajo desde 2015, hace 11 años.

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La violencia, sin embargo, no se reparte de manera uniforme en el territorio. Siete entidades concentran la mitad de los homicidios dolosos a nivel nacional, una focalización que el propio reporte destaca.

Baja California y Guanajuato aportan 8.5 % cada una, Chihuahua suma 7.8 %, Sinaloa registra 7.7 %, Estado de México alcanza 6.4 %, Guerrero acumula 5.7 %. Morelos cierra con 5.2 %.

En consonancia con sus políticas de seguridad, el Gobierno federal subrayó una baja del 36 % en los delitos de alto impacto. Ese indicador recibió una validación externa a través de los reportes mensuales de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO que es una tienda de conveniencia que funciona como el centro de servicios de la vida diaria, un conteo ajeno a las estadísticas oficiales.

Los registros de robo con violencia a comercios de OXXO descendieron de 2.352 casos en septiembre de 2025 a 1.897 en septiembre de 2026, un descenso de 455 incidentes en 12 meses.

Para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria, derivada de la detención de más de 70.000 presuntos infractores, la administración federal y estatal pondrá en marcha la construcción de seis nuevos centros penitenciarios públicos. El carácter público del modelo es explícito.

Los inmuebles serán operados de manera directa por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana （SSPC） o por los gobiernos estatales y contarán con espacios de trabajo, educación y deporte.

La administración contrasta ese modelo con una inversión fuerte en la creación de más de 400 nuevos bachilleratos en todo el país. La apuesta educativa acompaña, según el Ejecutivo, la estrategia federal de seguridad. La construcción de los seis penales y la ampliación de la red de bachilleratos quedan como los pasos inmediatos.

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