Noboa y la maquinaria de presión contra adversarios políticos
El Gobierno de Ecuador aplica distintos mecanismos para contener y debilitar a quienes cuestionan su proyecto político. Campañas de hostigamiento, ataques digitales, restricciones económicas, procesos judiciales y otras acciones reducen el margen de sus adversarios para visibilizar la crisis integral del país
El objetivo de la persecusión política es reducir el margen de acción de quienes se enfrentan al Gobierno de Noboa. Foto: Conaie
9 de septiembre de 2026 Hora: 17:35
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En Ecuador se configura un escenario de presión sobre periodistas, dirigentes políticos y otras voces críticas al Gobierno de Daniel Noboa. El poder político dispone de distintos recursos para contener a quienes cuestionan sus decisiones, desde campañas de hostigamiento y ataques en el ámbito digital hasta presiones económicas y procesos judiciales que pueden terminar debilitando la capacidad de sus adversarios para actuar y participar en el debate público.
Un caso señalado por sectores de la oposición es el de Johana Núñez García, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, contra quien un juez de la Unidad Anticorrupción dictó prisión preventiva el 6 de septiembre, durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, dentro de una investigación de la Fiscalía por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
La decisión judicial incluyó la retención de 309.646 dólares y la prohibición de enajenar bienes de la funcionaria, lo que le impide vender, transferir, donar, hipotecar o disponer legalmente de los bienes alcanzados por la medida mientras esta permanezca vigente.
La investigación no se limita a la prefecta, sino que también involucra a tres integrantes de su familia. El expediente fue abierto después de que, a través de una denuncia presentada de manera anónima, se cuestionó el origen y la composición del patrimonio de Núñez y de personas de su círculo familiar.
Núñez rechazó los señalamientos y calificó el proceso de “calumnia” sin sustento. Sostuvo que detrás de la investigación existe una motivación política y señaló directamente a militantes de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento de ultraderecha de Noboa, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La funcionaria también vinculó el proceso judicial con una serie de hechos que denunció públicamente semanas antes y que identificó como parte de una campaña de intimidación contra ella y su familia. Entre esas acciones señaló amenazas, mensajes anónimos y fotografías manipuladas, con la intención de generar temor y ejercer presión sobre su entorno.
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Revolución Ciudadana (RC), organización de izquierda que respaldó la reelección de Núñez en 2023, cuestionó igualmente el proceso y lo presentó como parte de un esquema más amplio de presión contra sus integrantes. Ricardo Chávez, director provincial del movimiento, también denunció la existencia de un “sistema de persecución política” contra sus integrantes.
El caso de Núñez se suma a las denuncias de sectores críticos que advierten sobre el uso combinado de recursos judiciales, políticos y comunicacionales para reducir el margen de acción de quienes se enfrentan al Gobierno de Noboa.
Bajo esta perspectiva, las herramientas institucionales dejan de operar únicamente como mecanismos administrativos o judiciales y pasan a convertirse en instrumentos para debilitar y neutralizar a quienes representan un obstáculo para el proyecto político oficial.
Bloqueos financieros y obstáculos electorales contra figuras opositoras
Otro caso que denunciado como una forma de presión política es el de Jaime Estrada Medranda, precandidato a la Prefectura de Manabí por el movimiento Sí Podemos, quien hizo público el bloqueo de sus cuentas bancarias. El exasambleísta cuestionó la medida por considerarla carente de sustento legal y sostuvo que busca intimidarlo y limitar su derecho a participar en la contienda electoral.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Estrada afirmó que su candidatura fue objetada por ADN ante la autoridad electoral y que, posteriormente, sus cuentas fueron congeladas. Así, dejó planteada una relación entre el cuestionamiento a su postulación y la restricción financiera adoptada en su contra.
Estrada ocupó un escaño en la Asamblea Nacional hasta el pasado 25 de agosto. Antes de incorporarse a Sí Podemos, formó parte de RC.
El episodio ocurre además mientras distintas figuras y organizaciones vinculadas a sectores opositores enfrentan decisiones que restringen su participación política. En este escenario se inscribe también la suspensión de RC y los obstáculos para que Luisa González se presente por Pachakutik. La suspensión del movimiento de izquierda y primera fuerza política del país fue ordenada en marzo por la vía judicial en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y financiamiento ilícito de campañas.
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También está el caso de Andrés Roche, precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC). El referente informó el 1 de septiembre que fueron inmovilizadas las cuentas de sus empresas y de sus representantes legales. Calificó la restricción como “un atentado contra la democracia” y la vinculó con una estrategia de presión política.
Alcaldes enfrentados al oficialismo tras las rejas alteran el tablero político rumbo a 2026
Las detenciones y procesos judiciales contra alcaldes han comenzado a convertirse en un nuevo factor de tensión política en Ecuador de cara a las elecciones seccionales de 2026. Actualmente, seis burgomaestres se encuentran detenidos: Aquiles Álvarez, de Guayaquil; Vicko Villacís, de Esmeraldas; Darío Macas, de Machala; Ángela Plúa, de Jipijapa; René Castillo, de El Tambo, y José Arroyo, de Pujilí. Mientras las autoridades sostienen que se trata de investigaciones sobre presuntos delitos, sectores políticos cuestionan que las pesquisas son utilizadas para debilitar a dirigentes con peso electoral y conocidos por su oposición al autoritarismo y la corrupción.
Foto: Radio Pichincha
El caso con mayor repercusión es el de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, a quien acosan judicialmente a través de tres procesos penales. Fue condenado a tres años de prisión por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, a raíz de irregularidades relacionadas con el uso de su dispositivo de vigilancia electrónica, y a seis años por la causa conocida como Triple A por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. Aún es procesado por presunto lavado de activos en el proceso denominado Goleada.
La situación de Vicko Villacís también tiene una dimensión electoral, debido a que el alcalde de Esmeraldas aparece como una de las figuras con posibilidades de buscar la reelección en noviembre de 2026.
Su detención se produjo dentro de una investigación que la Fiscalía describe como una “compleja estructura criminal”. Actualmente permanece en prisión preventiva en la cárcel de Latacunga y enfrenta cargos por presunto lavado de activos. La acusación sostiene que habría encabezado una red que recurría a empresas de fachada y a acciones de protección contra EP Petroecuador para obtener recursos públicos.
El caso de Darío Macas fue utilizado por el expresidente Osvaldo Hurtado (1981-1984) para cuestionar el tratamiento que reciben determinados dirigentes políticos. El 27 pasado, Hurtado sostuvo que algunos de estos alcaldes son atacados porque tenían posibilidades de “ganar las elecciones”.
Al referirse específicamente a Macas, remarcó que, aunque existe una imputación en su contra, todavía no hay una condena y cuestionó que la fuerza pública sea empleada para “golpear las puertas” de dirigentes políticos en lugar de concentrarse en los responsables de delitos.
Mediante el operativo Digitador se colocó bajo investigación a la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, quien fue detenida en junio de 2026. La Fiscalía sostiene que Plúa habría encabezado una organización dedicada a gestionar de manera irregular licencias y trámites relacionados con vehículos, por lo que enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada. El expediente incluye movimientos financieros por aproximadamente 2.6 millones de dólares que las autoridades consideran no justificados.
René Castillo representa el episodio más reciente. El alcalde de El Tambo fue detenido el 4 de agosto de 2026 durante el operativo Templo del Sol, dentro de una investigación por presunto peculado relacionada con la organización de un concierto realizado por los 33 años de cantonización del municipio, en la provincia de Cañar. Según las autoridades, el supuesto perjuicio económico ascendería a aproximadamente 50.000 dólares.
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El proceso contra José Arroyo, alcalde de Pujilí, ha adquirido además una dimensión que trasciende el expediente por presunto peculado. Arroyo es investigado dentro del caso Ornato Municipal, relacionado con proyectos y contratos ejecutados desde mayo de 2023, pero su traslado a la cárcel de máxima seguridad para mujeres La Roca provocó una controversia adicional.
Organizaciones LGBTIQ+ cuestionaron que el alcalde hubiera modificado el sexo registrado en su documento de identidad y denunciaron que esa decisión constituiría una “instrumentalización de la ley” para evitar su ingreso a una prisión para hombres.
La presión sobre la prensa y el control del debate público
La académica Caroline Ávila identifica este escenario como una forma de “ingeniería del silencio”, mediante la cual distintos mecanismos de presión pueden contribuir a reducir el espacio para las voces críticas.
Entre las prácticas que señala se encuentra el empleo de fondos públicos para sostener plataformas orientadas a desacreditar a periodistas y comunicadores, como ocurrió recientemente con los comunicadores Gisella Bayona y Fabricio Vela. Ávila advierte que estas acciones pueden trascender el ámbito laboral y trasladar la intimidación hacia el círculo cercano de los afectados, incluido su entorno familiar.
La especialista también pone el foco en la polarización afectiva y en la construcción de relatos desde el poder como herramientas capaces de modificar la percepción sobre determinadas crisis y problemas que afectan a la sociedad. A través de estas dinámicas —sostiene—, se pueden desplazar las responsabilidades políticas y restar visibilidad a situaciones sociales o investigaciones por corrupción que comprometen a funcionarios y autoridades.
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Desde esta perspectiva, Ávila considera que la censura y la creciente radicalización de los contenidos que circulan en plataformas digitales deterioran las condiciones para acceder a información confiable. El resultado, advierte, es un espacio público cada vez más confrontativo, en el que se debilita la discusión democrática y disminuye la confianza de la ciudadanía en la información que recibe.
