El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, se reune este martes con representantes jurídicos de las campañas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

El encuentro está previsto para las 15:30, hora local, y busca abordar la conducta de ambas candidaturas en la fase final de la contienda presidencial, cuya segunda vuelta está programada para el 25 de octubre. La reunión se produce tras una sucesión de decisiones y recursos ante la Justicia Electoral sobre publicaciones y herramientas digitales utilizadas por los candidatos.

Disputa por el canal “Exército do Lula”: informe técnico no halló contenidos falsos

Uno de los episodios centrales es la suspensión del canal de WhatsApp “Exército do Lula”, coordinado por el diputado André Janones y que, al momento de elaborar la nota, reunía más de 4,1 millones de seguidores. La medida fue ordenada el pasado domingo 11 de octubre por Nunes Marques, a solicitud de la campaña de Flávio Bolsonaro, que acusó al canal de difundir supuestas noticias falsas contra su candidato.

Horas más tardes, el corregidor general electoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, revirtió la medida y restableció el acceso, con la prohibición de republicar contenidos previamente vetados por el tribunal. Cueva sostuvo que el asunto ya estaba bajo análisis de la Corregiduría y que las pruebas presentadas no justificaban, en ese momento, la suspensión integral del canal. El magistrado remitió el caso al pleno del TSE, que aún no tiene fecha prevista para examinarlo.

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En la víspera, a solicitud de Nunes Marques, el equipo técnico del tribunal presentó un informe sobre la herramienta y afirmó no haber encontrado contenidos previamente declarados falsos por la corte. El análisis señaló que la eliminación de publicaciones anteriores dificultó reconstruir todo el historial completo del canal.

Disputas judiciales en la segunda vuelta

Dicha controversia se suma a otras pugnas judiciales entre las campañas, que han recurrido al TSE para solicitar la retirada de publicaciones, cuestionar propaganda y denunciar supuestas irregularidades en el uso de plataformas digitales.

La reunión de este martes se desarrolla en un escenario de tensión institucional sobre los límites de la propaganda electoral, la circulación de información en redes sociales y las atribuciones de los integrantes de la máxima autoridad electoral brasileña.

En tanto, Folha de S.Paulo informó que ministros del TSE cuestionan decisiones de Nunes Marques las cuales consideran favorables a Flávio Bolsonaro y perjudiciales para el mandatario brasileño. Entre los casos mencionados figuran la suspensión, en el mes de junio, de la divulgación de una encuesta que mostraba una caída en las intenciones de voto del senador, así como interrupciones de juicios virtuales en los que ya se había formado mayoría favorable al mandatario.

Mientras, la politóloga Rosemary Segurado, directora de Coletivo Digital, sostuvo que la postura de Nunes Marques, nominado al Tribunal Supremo por el expresidente Jair Bolsonaro, muestra una “alineación flagrante” con la candidatura de Flávio. “Es escandaloso, es una posición favorable. Le corresponde al Partido de los Trabajadores tomar medidas [contra Nunes Marques]”, señaló la analista.

Para Segurado, el canal “Exército do Lula” es “una acción democrática, dentro de las reglas del juego; nadie recibe dinero por esto, no hay ningún tipo de promoción privada”.

En la víspera, los diputados brasileños Rui Falcão y Rogério Correia solicitaron al Supremo Tribunal Federal (STF) investigar al ministro Nunes Marques por presuntos vínculos con el Banco Master y su expropietario, Daniel Vorcaro. La representación, presentada por legisladores del PT, pide abrir una investigación por posibles delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias, prevaricación y participación en organización criminal, según informó el portal Brasil 247.

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Elementos citados en la denuncia

Entre los elementos citados figuran supuestos pagos mensuales de 500 mil reales —unos 99 mil dólares— vinculados al hijo del magistrado; contratos de servicios jurídicos por hasta 427 millones de reales —84,5 millones de dólares— con personas cercanas; y gastos de hospedaje en una mansión de lujo valorados en aproximadamente 1,45 millones de reales —287 mil dólares—.

La denuncia también menciona un viaje en avión privado supuestamente costeado por una abogada vinculada al banco y cuestiona la participación del ministro en un fallo judicial de interés para la institución financiera, después de que se retirara del sistema un registro de impedimento.

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