El Senado de Paraguay determinó este viernes proseguir el juicio político contra el presidente Santiago Peña tras el fraude vinculado al privado Ueno Bank, que dejó sin ahorros a 3 millones de personas. Un total de 41 integrantes de la Cámara de Senadores rechazó el pedido de prórroga por 72 horas del mandatario renunciante y lo convocó a presentarse junto a su equipo legal. En estos momentos el Plenario escucha las pruebas de los fiscales acusadores electos por Diputados, con lo cual avanza la sustentación de cargos para la inminente votación de condena y destitución.

Pese a que en su mensaje de renuncia admitió que puso su beneficio por encima del colectivo y comunicó que acudiría a su defensa, Peña no asistió a la sesión legislativa y en su lugar envió a sus dos abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro. De acuerdo con reportes, tendrán que responder a todas las acusaciones que presenten los fiscales acusadores ante el Senado, devenido tribunal para llevar a cabo el juicio político.

Preda confirmó que Peña no acudirá y que inicialmente lo harán ellos «para la defensa técnica y el presidente queda a disposición de si el Senado le permite su intervención para hacer su defensa política. Vamos a esperar qué define dentro de este procedimiento de juicio político. Nosotros vamos ahora para ejercer la defensa estrictamente técnica jurídica”.

Tras proponer ir a un cuarto intermedio y a continuación proceder con la acusación, el senador Líder Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, centro) fustigó a Peña por no presentarse y mocionó que se cierre la etapa para comparecer y que prosiga el juicio político.

Más temprano, Peña pidió al Congreso una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Alegó que el texto acusatorio se le presentó con poca antelación. Agregó: «Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles», expresión considerada una velada amenaza entre un pleno en el que resulta visible la intención de seguir adelante con el juicio político y no demorar más la solución a la crisis institucional en que el presidente renunciante sumió al país.

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Fuentes entrevistadas por teleSUR consideran que la suerte del mandatario está echada. Mientras tanto, miles de personas se movilizan desde la noche del martes en exigencia de justicia y de que los fondos robados sean devueltos.

El Banco Central de Paraguay habilitó un pago para devolver parte del dinero estafado a pequeños ahorristas a través de un depósito de fondo de garantía que se creó décadas atrás, pero no está claro qué se hará con los pensionados afectados. Este depósito de fondo de garantía no cubre fondos públicos. Las fuerzas de seguridad alertaron que el malestar social es creciente y se esperan masivas protestas.

¿De qué se acusa a Peña?

Cuatro de cada diez paraguayos tenían cuentas en Ueno Bank. La mayoría de ellos son pequeños ahorristas. La fuga de sus fondos dejó en la incertidumbre a 3 millones de personas. Hasta el momento, alrededor de 4.000 trabajadores y miles de jubilados han sido afectados.

Al presentar el libelo acusatorio contra Peña, los fiscales escogidos por la Cámara de Diputados citaron responsabilidades vinculadas a conflictos de intereses, el debilitamiento en la protección de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la tolerancia regulatoria, la omisión de medidas eficaces de fiscalización y el aprovechamiento patrimonial derivado del relacionamiento entre el poder público e intereses privados.

​Entre las principales acusaciones sobresale que Peña mantuvo acciones en el grupo propietario de Ueno Bank hasta 2025, dos años después de haber asumido la Jefatura de Estado en agosto de 2023. A juicio de los acusadores, dicha participación generó un conflicto de intereses directo, en el que el mandatario debía velar por el interés público mientras ejecutaba decisiones administrativas que beneficiaron a sus negocios privados.

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​Asimismo, los fiscales acusadores atribuyen la concentración de depósitos y recursos del sector público en la entidad bancaria a la intervención directa de la Presidencia para favorecer el posicionamiento de Ueno Bank en el mercado financiero nacional. Gracias a esa intervención, en pocos años el banco llegó a tener una carpeta de 3.000 clientes y la concentración de fondos públicos creció más del 3.000 por ciento, declaró a teleSUR la economista Alhelí González Cáceres.

La experta consideró que Peña, quien durante años ha estado vinculado con instituciones bancarias, organizó desde el Ejecutivo una operación de saqueo de los fondos del Estado. Ejemplificó con el direccionamiento de más de 350 millones de dólares del IPS a Ueno Bank, que ahora se fugaron. González Cáceres estimó que no se trata de un plan de Peña, sino de un proyecto político y económico que se está aplicando en Paraguay desde el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) para vaciar lo público y enriquecer a grupos de poder.

Aunque presentó su renuncia, Peña sigue en la Presidencia porque el Congreso no la aceptó, con lo cual impidió que se convirtiera en senador vitalicio y quedara aforado ante futuros enjuiciamientos penales.

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