La tensión política e institucional que atraviesa Paraguay se trasladó a las calles de la capital durante la noche del jueves 5 de noviembre, con movilizaciones en contra del presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank y en respaldo al juicio político impulsado para destituirlo.

Los manifestantes se desplazaron desde la inmediaciones del Congreso Nacional hasta la intersección de las calles Palma Nuestra Señora de la Asunción, desde donde los manifestantes arrojaron piedras y todo tipo de objetos contra la fachada lo que provocó la rotura de los vidrios de la sede de Ueno Bank.

Según el informe policial, alrededor de las 23:00 hora local del jueves 5 de noviembre, se registraron choques entre los agentes policiales y algunos manifestantes. El comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 3ª, confirmó que esto desencadenó en la detención de siete personas. Los aprehendidos corresponden a seis hombres mayores de edad —con edades comprendidas entre los 18 y 28 años— y un adolescente de 17 años. 

Estas personas permanecen bajo custodia policial a la espera de sus declaraciones indagatorias por presunta participación en actos de vandalismo y daños a la propiedad privada.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 13, la abogada Daisy Sánchez.

Franco señaló que cerca de las 12:45 de la madrugada de este viernes hora local, la situación en el microcentro ya se encontraba más tranquila, luego de los enfrentamientos registrados durante la noche.

Consultado sobre la posibilidad de que los incidentes hayan sido provocados por personas ajenas a la movilización, el jefe policial indicó que algunos manifestantes sostuvieron que se trataba de personas que habrían acudido con otros fines y no a participar de la protesta.

El comisario aseguró que el despliegue policial continuará durante las 24 horas, con relevos de personal, debido a la situación y a las manifestaciones vinculadas al caso Ueno Bank.

​Los cargos acusatorios por conflicto de intereses y omisión regulatoria

Santiago Peña enfrenta un juicio político por sus vinculaciones con la intervenida entidad Ueno Bank. 

La institución financiera recibió durante su Administración millonarios recursos de organismos del Estado que posteriormente fueron desviados hacia empresas vinculadas a sus propietarios, resultando en un desfalco bancario que mantiene bloqueados los fondos de miles de ahorristas.  

​El libelo elaborado por la Cámara de Diputados imputa a Santiago Peña responsabilidades vinculadas a conflictos de intereses, el debilitamiento en la protección de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la tolerancia regulatoria, la omisión de medidas eficaces de fiscalización y el aprovechamiento patrimonial derivado del relacionamiento entre el poder público e intereses privados.  

​Entre las principales acusaciones destaca que Peña mantuvo acciones en el grupo propietario de Ueno hasta el año 2025, dos años después de haber asumido la Jefatura de Estado en 2023. 

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Para los legisladores acusadores, dicha participación generó un conflicto de intereses directo, en el que el mandatario debía velar por el interés público mientras ejecutaba decisiones administrativas que beneficiaban a sus negocios privados.  

​Asimismo, los acusadores atribuyen la concentración de depósitos y recursos del sector público en la entidad bancaria a la intervención directa de la Presidencia para favorecer el posicionamiento de Ueno Bank en el mercado financiero nacional.

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