La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes 6 de noviembre que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe someterse a un proceso profundo de saneamiento interno, tras la divulgación de evidencias que confirman la existencia de una red de corrupción y monopolio en contrataciones públicas que operó dentro del organismo durante más de dos décadas.

La mandataria cuestionó las movilizaciones opositoras impulsadas en el sexenio anterior bajo la consigna “El INE no se toca”, señalando que dicha narrativa buscaba proteger los intereses de un grupo enquistado en el órgano electoral. 

“A lo mejor decían ‘El INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos. El INE sí se tiene que sanear; debe garantizar la voluntad popular y comicios limpios, pero también un funcionamiento interno con transparencia y austeridad republicana”, aseveró la jefa de Estado. 

​La postura del Ejecutivo se da tras la reciente renuncia formal de la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, acorralada por señalamientos de irregularidades en contrataciones millonarias y conflictos de interés.

Las investigaciones federales revelaron la existencia de un esquema continuado de contratación asignado a los mismo proveedores desden 1999. 

Especialistas y auditorías determinaron que varias empresas concursantes simulaban competencia de precios en las licitaciones públicas, acordando previamente la oferta más baja para asegurar el fallo a favor de una misma estructura beneficiaria vinculada a los hermanos Hernández y los hermanos Casillas.

La red de contratistas opera desde finales de la década de 1980 en dependencias como el Registro Nacional de Población y el Cisen, consolidando su presencia en el árbitro electoral a lo largo de sucesivas administraciones.

Sheinbaum cuestionó que los contratos electorales acabaran sistemáticamente en las mismas manos desde 1989 y que la estructura se fortaleciera durante la gestión del expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

​Medidas de choque y certeza hacia las elecciones intermedias de 2027

​Para frenar las irregularidades y garantizar la transparencia de cara a los comicios intermedios del 6 de junio de 2027, donde se renovarán más de 21.000 cargos de elección popular, el Gobierno federal anunció que las boletas y materiales electorales serán producidos directamente por talleres y talleres gráficos del Estado. 

Asimismo, se fijarán lineamientos estrictos para las contrataciones que realicen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

​Analistas y especialistas electorales, como Carolina del Ángel Cruz, coincidieron en que la pronta intervención y transparencia en las investigaciones son urgentes para devolver la legitimidad social a la institución, advirtiendo que la falta de credibilidad en el árbitro electoral pone en riesgo el reconocimiento ciudadano de los procesos democráticos.

La crisis institucional se produce después de reportes de prensa sobre una presunta red de al menos siete proveedores del INE que habría simulado competencia en adjudicaciones y emitido comprobantes por servicios inexistentes. Ante estos reportes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación.

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El órgano electoral maneja un presupuesto superior a los 14 mil millones de pesos, sin incluir los recursos asignados a los partidos políticos, y cuenta con una plantilla de más de 19.000 trabajadores. 

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