La Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá expresó su preocupación ante las denuncias sobre una estructura clandestina del Gobierno de José Raúl Mulino dedicada al espionaje, seguimiento e infiltración policial contra agrupaciones sociales y sindicales.

La organización advirtió que la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y el seguimiento físico son prácticas incompatibles con la democracia que generan temor, autocensura y vulneran libertades fundamentales protegidas por la Constitución y tratados internacionales.

Ante esta situación, el colectivo solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación rápida, independiente e imparcial sobre la denuncia penal presentada, al tiempo que pidió a la Defensoría del Pueblo abrir una queja de oficio.

También demandaron al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional rendir cuentas públicas para aclarar si las personas señaladas en las acusaciones pertenecen a dichas instituciones.

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El pronunciamiento de la Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos surge tras la acción legal interpuesta el pasado 8 de septiembre por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) señalaron que la red mantendría un despliegue territorial con labores de inteligencia desde agosto de 2025.

Alianza Pueblo Unido por la Vida afirmó haber identificado al menos a 24 agentes policiales implicados en la red de vigilancia, seguimiento, infiltración y hostigamiento contra sindicatos, educadores, defensores de derechos humanos, ambientalistas y líderes indígenas en todo el territorio nacional.

???? La alianza Pueblo Unido por la Vida denunció ante la Procuraduría de #Panamá una red de vigilancia política e infiltración contra organizaciones sociales y sindicales críticas del Gobierno. #teleSUR #AméricaLatina pic.twitter.com/Rc8CDgU10e

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 8, 2026

De acuerdo con lo expuesto, el esquema de inteligencia recurre a tecnologías avanzadas de monitoreo digital e inteligencia artificial para ejecutar un perfilamiento detallado que no solo alcanza a los dirigentes, sino también a sus familiares cercanos y lejanos.

Este rastreo incluye datos sobre viviendas, vehículos, comunicaciones privadas y rutinas diarias. Asimismo, se denunció la infiltración de agentes encubiertos en marchas y movilizaciones sociales con el objetivo de obtener información para perseguir o inhibir la labor de los líderes sociales.

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Los abogados defensores advirtieron que esta red de vigilancia compromete la validez de los procesos legales existentes. Actualmente hay más de un centenar de obreros judicializados, docentes con procesos administrativos y ambientalistas con bienes secuestrados.

Se señaló que en diversos casos los propios agentes policiales actúan como denunciantes y encargados de elaborar los expedientes remitidos a las fiscalías, actuando como juez y parte en investigaciones que carecen de autorización judicial previa, lo que configuraría procesos amañados y viciados de origen, advierten abogados.

Movimientos sociales de Panamá presentaron, en una conferencia de prensa, una grave denuncia sobre lo que podría constituir una de las mayores redes de infiltración y espionaje contra organizaciones y movimientos sociales del país. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/2lUJRUQUCB

— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) September 8, 2026

La acción legal en Panamá se sustenta en gestiones internacionales previas realizadas ante relatores de las Naciones Unidas en Guatemala, mediante el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

Tras la denuncia, el Estado panameño dispone de un plazo de 60 días para responder ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que anunció medidas de protección a través de la Defensoría del Pueblo para resguardar la seguridad de las víctimas.

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