Organizaciones sociales y sindicales de Panamá formalizaron denuncias contra el Gobierno de José Raúl Mulino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalando presuntas violaciones a la libertad sindical, persecución a dirigentes gremiales y operativos de vigilancia ilegal.

Las acciones legales coinciden con la inclusión de Panamá entre los 23 casos individuales examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT durante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

El proceso evalúa el cumplimiento del Convenio 87 sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación. Informes de los órganos de control del organismo internacional alertaron sobre restricciones significativas en procesos administrativos, judiciales y medidas que obstaculizan la labor gremial, respaldados por cuestionamientos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).

Las controversias se intensifican debido a medidas administrativas contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Durante una conferencia de prensa en la sede de Conusi en Ancón, el dirigente Rogelio Kentish, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, indicó que las agrupaciones ya remitieron su memoria sobre la situación al ente internacional.

Mientras esperan respuestas oficiales, continúan reportándose acciones de persecución contra referentes gremiales, tales como allanamientos, bloqueo de cuentas bancarias y trabas administrativas para la actualización de registros docentes.

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A esto se suman los cuestionamientos contra el Decreto Ejecutivo No. 11 de noviembre de 2025, el cual reglamenta el derecho a huelga en servicios públicos. Ante este escenario, los activistas exigieron la apertura de un diálogo nacional transparente y de buena fe con participación del Gobierno, los sectores sociales y el sector empresarial.

En paralelo, una comunicación conjunta respaldada por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) fue remitida a cuatro relatorías especiales de la ONU.

El documento solicita una investigación independiente, medidas de protección para los afectados y una respuesta estatal en un plazo de 60 días frente a una supuesta estructura clandestina de espionaje.

La denominada «Joint Other Letter» detalla que el esquema operaría sin autorización judicial a través de al menos 40 agentes vinculados a la Dirección Nacional de Investigación Policial de la Policía Nacional (DNIP).

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Las actividades incluirían infiltración de reuniones, seguimientos físicos, monitoreo de redes, intervención de comunicaciones y recopilación de datos privados para impulsar procesos penales o prácticas de «lawfare» dirigidas a neutralizar la protesta ciudadana.

Los sectores afectados abarcan sindicatos, comunidades opuestas a proyectos mineros, pueblos originarios, ambientalistas, campesinos, estudiantes, periodistas y sacerdotes católicos. La denuncia advierte posibles violaciones a la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y las garantías judiciales, cuestionando además la posible utilización de programas de vigilancia intrusiva como Pegasus o Circles.

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