El Gobierno del presidente Rodrigo Paz remitió a la Asamblea Legislativa de Bolivia un memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla un severo programa de recortes e imposiciones financieras para acceder a un financiamiento externo por un monto de 1.900 millones de dólares a desembolsarse en los próximos tres años.

El documento, de 19 páginas, establece como meta central reducir el déficit fiscal del 9,1 % actual a un 3,8 % para el año 2028, imponiendo una hoja de ruta neoliberal fundada en la eliminación total de subsidios estatales, la liberalización absoluta de precios y la congelación de salarios en sectores clave de la administración pública.

Entre las medidas más drásticas acordadas con el organismo multinacional destaca la anulación definitiva de las subvenciones a los combustibles, fijada para enero de 2027, tras el antecedente del incremento del 100 % aplicado el año pasado.

Se socializa en la Asamblea Legislativa los alcances del acuerdo con el FMI ???????? pic.twitter.com/AlpDQiK3JG

— Min. Economía (@EconomiaBo) September 10, 2026

Asimismo, el pacto estipula la eliminación paulatina de los subsidios a la energía eléctrica y el gas domiciliario, la suspensión de los controles de precios en la canasta básica y la liberación total de las exportaciones de alimentos, junto con la compra de divisas de bancos privados por parte del Banco Central, factor que impulsará una mayor devaluación de la moneda nacional y el encarecimiento generalizado del costo de vida.

Golpe drástico a la clase trabajadora y congelamiento salarial

Diversos analistas y sectores sociales han reaccionado con preocupación ante la dimensión del ajuste. Señalaron que las exigencias del FMI trasladan todo el peso de la crisis hacia la clase media y los sectores más vulnerables de la población.

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El paquete normativo contempla el congelamiento explícito de los sueldos de sectores esenciales del Estado, lo cual afectará directamente a docentes, personal médico, efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas, sumado al incremento generalizado en las tasas de interés para créditos de consumo y vivienda.

A pesar de que el Ejecutivo prevé la entrega de bonos temporales como mecanismo de mitigación social frente al alza inflacionaria, la propia letra del memorando advierte sobre el riesgo inminente de un «reavivamiento del malestar social» provocado por el deterioro del poder adquisitivo.

Paralelamente, la aprobación de esta agenda fiscal por el Legislativo actuaría como llave para condicionar la llegada de otros 3.000 millones de dólares en endeudamiento procedente de entes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y el Banco Mundial.

Defensa del Ejecutivo e impositivo paquete de privatización

Pese al evidente sesgo condicionado de la agenda del FMI, las autoridades gubernamentales defienden el acuerdo argumentando una supuesta autonomía en la adopción del paquete económico y catalogándolo como una medida de responsabilidad financiera.

Las autoridades del Ministerio de Economía afirmaron al respecto: «No es una imposición del Fondo Monetario, es un tema de la responsabilidad económica que nosotros estamos implementando desde que asumimos la gestión de gobierno».

Sin embargo, el memorando compromete de forma expresa al Estado boliviano a coordinar directamente con los técnicos del FMI la fijación de la cotización del dólar y la eventual implementación de nuevos impuestos.

Con esta decisión, el Ejecutivo retrocede en la senda de soberanía económica e industrialización con justicia social construida en los últimos años, supeditando el desarrollo nacional a los viejos recetarios de ajuste estructural promovidos desde Washington.

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