Hegseth se encontraba en Panamá para presenciar la demostración táctica que marcó el cierre de las actividades presenciales de PANAMAX 2026, y allí se refirió a la presencia estadounidense en el istmo, el bloqueo naval a Irán, la lucha contra los carteles en América Latina y la relación de Washington con Cuba.

Hegseth enfatizó que PANAMAX vuelve a realizarse en Panamá después de 14 años, ahora con ejercicios prácticos sobre el terreno. Según dijo, el entrenamiento conjunto con fuerzas de Panamá, México, Ecuador, Argentina y Costa Rica fortaleció la interoperabilidad entre los participantes y su capacidad de respuesta conjunta.

Luego de afirmar que Estados Unidos está en condiciones de mantener el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, pasó a la agenda regional. Confirmó la incorporación de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (ACCC), la iniciativa impulsada por Washington para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales, según reportó teleSUR.

Según indicó, la estrategia arranca en el hemisferio occidental con la colaboración de Panamá, Ecuador y Colombia. Hegseth destacó que la ACCC, tras sumar a los colombianos, ya reúne a 19 países.

@telesurclips La segunda visita de Pete Hegseth a Panamá, para clausurar los ejercicios Panamax, ha reabierto la memoria sobre la invasión estadounidense de 1989. Sus declaraciones sobre el uso de la “fuerza cinética” y un suéter con la leyenda “Jungle”, en referencia a la Escuela de la Selva, antes nombrada como Escuela de las Américas. #teleSUR #Panamá #EstadosUnidos ♬ sonido original – teleSUR Clips

Entre esos socios, Ecuador, Guatemala y Honduras avanzaron hacia mayores niveles de coordinación militar, mientras México mantiene la cooperación bajo sus propios términos. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en cuatro principios: “Coordinación sin subordinación, defensa de la soberanía[,] defensa de la territorialidad de nuestro país, [y] colaboración sin pérdida de soberanía”.

El 22 de julio, representantes de 33 países se habían reunido en Cusco durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), un foro hemisférico creado en 1995 que, a diferencia de la ACCC, reúne a gobiernos con posiciones muy diversas frente a Washington. Allí, Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Política, calificó al hemisferio como “nuestra prioridad” y habló de un “cambio fundamental” en la aproximación estadounidense.

Ese giro tiene respaldo documental. La Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó a finales de 2025 redefine al hemisferio occidental, que deja de ser un conjunto de problemas que administrar para convertirse en el espacio donde Washington busca reafirmar su preponderancia bajo lo que el propio documento llama un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, y autoriza despliegues militares contra los carteles que incluyan, cuando se considere necesario, el uso de fuerza letal. Meses antes, una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025 había elevado a los carteles latinoamericanos de la categoría de crimen organizado a la de amenaza a la seguridad nacional, al designarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, esa designación amplió las herramientas penales, financieras y migratorias disponibles contra ellos, más allá de las investigaciones, decomisos y la cooperación judicial que definían la estrategia previa.

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Organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos expresan su preocupación por el uso reiterado de la etiqueta “organizaciones terroristas”, en momentos en que el propio secretario de Estado convocó en julio a un encuentro contra el “terrorismo político de extrema izquierda”.

Del mar a tierra firme

El secretario de Defensa aseguró que la lucha contra el narcotráfico se extiende “desde las rutas del tráfico de cocaína” hasta “el fentanilo en las plazas de México”, y afirmó que Estados Unidos fortalece la coordinación entre el Comando Sur y el Comando Norte para combatir estas redes “de manera implacable”. Sobre Colombia, indicó que las organizaciones que Washington considera terroristas podrían ser objeto de operaciones conjuntas con gobiernos aliados; sobre Cuba, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las opciones militares”.

Hegseth dijo que el “recién investido presidente —como le gusta decir a nuestro presidente, ‘el Tigre’— ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a él en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas”. Esa autorización llegó apenas un día después de que ese mismo gobierno ordenara, en el Catatumbo, el primer bombardeo militar de su mandato —el primer episodio de lo que ya se discute como un nuevo Plan Colombia. Al mismo tiempo, Hegseth instó a los países latinoamericanos reunidos a no reconocer a la Corte Penal Internacional (CPI), mientras el ejército estadounidense sigue atacando a presuntos narcotraficantes en la región.

Desde septiembre de 2025, mediante la Operación Lanza del Sur, las fuerzas militares estadounidenses vienen atacando embarcaciones de pescadores en aguas del Caribe y el Pacífico bajo la acusación de narcoterrorismo. La cifra de muertos ya asciende a 221, según el conteo más reciente difundido por el propio Comando Sur.

Sobre estas acciones, Hegseth declaró que tendrán “el mismo efecto en tierra”, y que por eso Washington trabaja, en sus palabras, “con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra”.

Los asesinatos de pescadores fueron ejecuciones sumarias por parte de los militares estadounidenses. Se descartó de entrada la posibilidad de aprehenderlos con vida y llevarlos a juicio, el mismo método que ahora se plantea trasladar a tierra firme. Naciones Unidas ya había calificado ataques similares como posibles “ejecuciones extrajudiciales”.

Hegseth subrayó además que su advertencia a los cárteles va “en serio”, y sumó a los remanentes de las guerrillas colombianas a la lista de lo que definió como “objetivos legítimos”.

El Catatumbo bajo fuego

Mientras los colombianos miraban atónitos los estragos del devastador terremoto que azotó al suroccidente del país —con más de 300 muertos y cientos de miles de damnificados, según el más reciente balance recogido por teleSUR—, al otro lado, al norte, la recién posesionada cúpula militar del presidente Abelardo De la Espriella comenzó a materializar sus promesas de intensificar los bombardeos contra los grupos ilegales.

No es el primer sismo que sacude este año a la región. El 24 de junio, un doblete de magnitud 7,2 y 7,5 azotó a Venezuela y dejó más de 6.400 muertos; y es cuando el Comando Sur desplegó allí aviones C-17 y C-130 y a un general de división del Cuerpo de Marines al frente de la operación de “ayuda humanitaria”. En Colombia, la firma del ingreso a la ACCC y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán se resolvieron en los mismos días en que el país enterraba a sus muertos por el terremoto, una coincidencia que generó su propia controversia.

El primer ataque militar del nuevo gobierno fue un operativo ejecutado el pasado 10 de agosto contra supuestos búnkeres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo; sin embargo, la insurgencia negó que el ataque hubiera impactado sus campamentos, y líderes sociales denunciaron que podría tratarse de un “falso positivo”.

A ese señalamiento se sumaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que documentaron otras afectaciones a instalaciones y población civil en Amalfi, departamento de Antioquia, con un saldo que incluyó, según un productor de la zona, la muerte de 40 vacas. La primera acción militar del gobierno De la Espriella —respaldada por Estados Unidos— quedó así rodeada de dos polémicas, entre la confirmación de daños y víctimas civiles y la sospecha de labores de contrainteligencia por parte del propio gobierno.

La Defensoría del Pueblo expresó dudas sobre los riesgos de la operación: “Tres personas civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años”, resultaron heridas por el bombardeo, informó la entidad, que además alertó sobre posibles desplazamientos hacia El Tarra. “Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”, señaló.

La sombra de la fumigación aérea en Ecuador

La presencia y la acción militar estadounidense en Ecuador ya se venían dando antes de los recientes anuncios de Hegseth, como parte del plan de represión instalado por el gobierno de Daniel Noboa, en medio de denuncias por dificultar la investigación sobre los crímenes contra pescadores.

Las declaraciones del secretario de Defensa confirman el temor a que continúen los bombardeos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Los ataques contra los cultivos cocaleros en departamentos como Putumayo y Nariño tendrían una afectación directa en provincias ecuatorianas como Carchi y Sucumbíos.

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La experiencia ya demostró que ese tipo de estrategia no reduce el negocio de la droga, sino que lo desplaza hacia los países vecinos, el llamado “efecto globo” que analistas y organismos internacionales documentaron desde los años del Plan Colombia. En la práctica, la fumigación aérea con glifosato dejó además un historial de daños a la salud. Ya habían advertido que problemas respiratorios, digestivos y de la piel afectaron al 84.7 por ciento de las familias expuestas en la zona, y que un estudio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) documentó 715 asesinatos entre 2000 y 2006 en la zona fronteriza de Sucumbíos, con una tasa de impunidad del 95.92 por ciento.

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