Organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los derechos humanos de Panamá, agrupadas en la alianza Pueblo Unido por la Vida, acudieron a la Procuraduría General de la Nación para formalizar una denuncia por vigilancia política e infiltración ilegal encabezada por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Según los demandantes, el Ejecutivo panameño opera un aparato clandestino diseñado para monitorear, intimidar y desgastar a los liderazgos críticos de la administración pública.

La acción penal fue fundamentada tras las declaraciones públicas del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), José Viquez, quien sostuvo que recopilaron pruebas contundentes sobre un esquema de inteligencia con cobertura nacional que incluye espionaje digital, interceptación telefónica y monitoreo físico.

Viquez denunció que las pruebas obtenidas de forma ilícita se estarían instrumentalizando mediante complots judiciales para abrir causas penales arbitrarias contra la dirigencia, por lo que exigió una investigación exhaustiva que identifique la cadena de mando, el financiamiento público y la supuesta complicidad de autoridades judiciales.

A estas acusaciones se sumaron los señalamientos del presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Guzmán, quien alertó que las maniobras de acoso y persecución física rebasaron el ámbito público para extenderse a los familiares directos de los activistas.

LEA TAMBIÉN:

Organizaciones sociales de Panamá demandan al Estado por persecución y vigilancia

Guzmán vinculó la activación de esta red de espionaje con la geopolítica regional, catalogando la estrategia como un brazo operativo de la política de seguridad implantada por Estados Unidos bajo el rótulo de «Escudo de las Américas», ejecutada —a su juicio— por Administraciones aliadas a la Casa Blanca como la del mandatario José Raúl Mulino.

La denuncia formal individualiza a altos mandos del Poder Ejecutivo y de la fuerza pública panameña. Entre los querellados destacan el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y el director nacional de Inteligencia Policial, Julio Cedeño.

El abogado Antonio Vargas precisó además el rol operativo del mayor Carlos Carvajal como presunto articulador directo del entramado de inteligencia no autorizada, e identificó con nombre y rango a efectivos infiltrares en las manifestaciones públicas, citando al sargento primero José Urriola y al cabo segundo Bryan Rodríguez.

Las organizaciones estiman que la red clandestina comenzó sus operaciones en agosto de 2025 bajo la fachada institucional de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP), agrupando al menos a 40 agentes.

De acuerdo con el expediente entregado al Ministerio Público, las tareas asignadas comprendían el rastreo en redes sociales, escucha de llamadas privadas, infiltración directa en asambleas gremiales y seguimiento físico. Asimismo, los querellantes manifestaron su alarma ante el potencial empleo de plataformas de software espía de nivel militar, como el programa Pegasus, solicitando formalmente que el Estado transparente la adquisición o uso de tecnologías de vigilancia masiva por parte de agencias estatales.

Las repercusiones del caso trascendieron las fronteras panameñas mediante denuncias elevadas a instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El frente internacional cobró especial fuerza al coincidir la denuncia con la inclusión formal de Panamá en la lista de los 23 casos individuales bajo examen por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en Ginebra, Suiza. Las deliberaciones evalúan presuntas vulneraciones al Convenio 87 sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación, sustentadas por informes de alerta emitidos por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).

La pugna entre el movimiento obrero y la administración estatal se profundizó a raíz de las trabas administrativas impuestas al Suntracs y a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

LEA TAMBIÉN:

Renuncia ministra de Educación de Panamá en medio de tensiones gremiales

Dirigentes como Rogelio Kentish, del sector eléctrico, denunciaron un patrón sistemático de persecución que abarca congelamiento de cuentas bancarias, allanamientos y restricciones para el registro de directivas. En este contexto, las organizaciones han rechazado el Decreto Ejecutivo No. 11 de noviembre de 2025 —normativa que limita el derecho a huelga en los servicios públicos— y han supeditado cualquier canal de negociación a la apertura de un diálogo transparente que aborde el cese del hostigamiento estatal.

Por intermedio del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), los sectores afectados formalizaron un requerimiento de respuesta obligatoria ante cuatro relatorías especiales de las Naciones Unidas, fijando un plazo de 60 días para que el gobierno interponga un informe detallado.

La demanda advierte sobre la aplicación generalizada de prácticas de lawfare o judicialización de la protesta, dirigidas a neutralizar no solo al sector obrero, sino a una amplia franja de la sociedad civil organizada que incluye ambientalistas, comunidades indígenas opuestas a la minería, estudiantes, líderes campesinos e incluso miembros de la Iglesia Católica.

EN ESTA NOTA: