Renuncia ministra de Educación de Panamá en medio de tensiones gremiales
La dimisión de Lucy Molinar y la designación de Ventura Vega acentúan las protestas sindicales contra la privatización de la enseñanza y el despido arbitrario de 298 educadores.
Ante la salida de la funcionaria, el presidente José Raúl Mulino designó como su reemplazo a Ventura Vega, exsecretario general de la Contraloría y cercano asesor del Ejecutivo, Foto: Presidencia Panamá.
18 de agosto de 2026 Hora: 11:32
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La ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, presentó su renuncia tras atravesar una severa crisis caracterizada por el fallido intento de adjudicar cuatro licitaciones para la compra de computadoras portátiles estudiantiles, disputas con la Contraloría General y la suspensión de contratos de mantenimiento escolar no ejecutados por lo que tenía el rechazo gremial.
Ante la salida de la funcionaria, el presidente José Raúl Mulino designó como su reemplazo a Ventura Vega, exsecretario general de la Contraloría y cercano asesor del Ejecutivo, un nombramiento fuertemente cuestionado por sectores sociales que lo califican como una maniobra para favorecer intereses privados y negocios dentro del sistema educativo estatal.
El Ministerio de Educación informa que la ministra de Educación, Lucy Molinar, presentó formalmente su renuncia al cargo que desempeñó al frente de esta institución.#ConPasoFirme #SomosMeduca pic.twitter.com/VKz0ToXFrx
— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 12, 2026
La transición ministerial se produce en un ambiente de intensa movilización magisterial frente a la negativa de las autoridades de restituir a 298 docentes separados de sus cargos por participar en protestas contra la reforma al sistema de pensiones.
A pesar de existir resoluciones judiciales a favor del reintegro de los educadores entre ellos trabajadoras en tratamiento oncológico, el Ministerio de Educación mantiene el cese salarial, mientras persisten acciones de persecución judicial contra dirigentes sindicales por oponerse a la Ley 462.
En ese sentido, los docentes panameños alzaron su voz también este mes de agosto para exigir el cumplimiento inmediato de los fallos judiciales que ordenan su restitución laboral, tras ser suspendidos de sus cargos por participar en la huelga indefinida iniciada en abril contra la controvertida Ley 462.
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La respuesta del Ministerio de Educación, que desde el mes de mayo aplicó la retención de salarios y el cese de funciones contra los educadores que rechazaron la normativa por privatizar la Caja de Seguro Social (CSS) y recortar las pensiones, mantiene a decenas de profesionales fuera de las aulas a pesar de existir resoluciones de estricto cumplimiento dictadas a favor de los trabajadores.
Entre los casos más graves destaca la denuncia de la profesora Dalia Morales, paciente oncológica que permanece separada de su cargo, sin salario y despojada de su cobertura de seguro médico, a pesar de que los tribunales fallaron a su favor y al de la docente Benilda González.
La asociación de profesores panameños califica la negativa gubernamental de reintegrarlas como un acto de persecución política y un engaño institucional, advirtiendo que el incumplimiento de las sentencias evidencia una dictadura disfrazada de democracia que vulnera el debido proceso y la integridad de los educadores.
Asimismo, la resistencia popular contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) se debe a que advierten que la reforma vulnera los derechos laborales y deteriora las cotizaciones futuras.
Las organizaciones señalan que las modificaciones obligarán a la población trabajadora a percibir jubilaciones de miseria a pesar de efectuar aportes superiores, imponiendo además un incremento solapado de la edad de retiro, abriendo la puerta a la privatización de los fondos previsionales e incrementando la inestabilidad social tras imponerse sin una consulta real.
Frente al reclamo de reingreso formulado por los maestros sancionados, las autoridades de Panamá mantienen una postura intransigente que perpetúa el conflicto social y la afectación directa a la salud de los profesionales vulnerados.
La gestión del nuevo ministro hereda un escenario de deterioro estructural, con planteles educativos carentes de agua potable y servicios básicos, sumado al rechazo de los gremios docentes ante los intentos del Gobierno de impulsar una reforma educativa en consulta exclusiva con el sector empresarial.
Las organizaciones sociales denuncian que la propuesta gubernamental promueve la privatización de la enseñanza pública mediante esquemas de vouchers y el desvío de fondos estatales hacia corporaciones privadas, en detrimento del derecho de la juventud panameña a una educación popular y de calidad.
Autor: teleSUR: lf - RR
Fuente: Agencias
