El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha (CSDSPL) formalizó en la ciudad de Santo Domingo una demanda de liberación inmediata para Nicolás Maduro y Cilia Flores. La plataforma social calificó «la retención de las autoridades en tribunales neoyorquinos como un secuestro imperialista que quebranta el orden jurídico global».  

Durante el acto público frente a los medios de comunicación en la capital dominicana, la vocería encabezada por la activista Maribel Núñez denunció que «el arresto de las autoridades venezolanas constituye un acto de agresión imperialista perpetrado al margen del Derecho Internacional».  

La organización dominicana rememoró los trágicos eventos derivados de la agresión militar estadounidense en Caracas, donde el pasado 3 de enero, tropas norteamericanas irrumpieron en territorio venezolano para secuestrar a la pareja presidencial y violentar la soberanía del país sudamericano.  

El colectivo enfatizó «las secuelas mortales del operativo militar», recordando el deceso de defensores venezolanos y cubanos durante la incursión armada. La directiva afirmó que «el ataque bélico dejó un saldo trágico con más de un centenar de víctimas mortales, incluyendo a ciudadanos cubanos y venezolanos que cumplían labores de defensa soberana».  

En su pronunciamiento, el comité denunció el uso de los tribunales estadounidenses como herramientas de coacción geopolítica para apropiarse de los recursos estratégicos regionales. Advirtieron además que «la jurisdicción de Washington no posee validez legal ni autoridad sobre naciones soberanas».  

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Frente a esta situación, la plataforma declaró que ninguna potencia extranjera posee legitimidad jurídica ni moral para sustraer a mandatarios legítimos mediante la fuerza de las armas. En este sentido, para contrarrestar la violencia imperial y la propaganda corporativa, la plataforma anunció «un plan de acción con asambleas informativas y movilizaciones de calle en Santo Domingo».  

Esta campaña busca articular la protesta popular y sumar a sindicatos, agrupaciones estudiantiles y colectivos sociales a la exigencia de excarcelación. Por tanto, el comité enfatizó que «la complicidad diplomática regional erosiona la estabilidad del Caribe y sienta un precedente nefasto para cualquier administración soberana que decida desafiar la tutela de Washington».

Paralelamente, la exigencia planteada desde territorio dominicano sintoniza con las posturas asumidas por diversos bloques del Sur Global y organizaciones internacionales que rechazan el juicio en Nueva York. Las cuales, durante los 10 meses cumplidos del secuestro de las autoridades venezolanas han hecho público su desacuerdo por la violación del Derecho Internacional por parte de Estados Unidos.

Diplomáticos y juristas han señalado que el proceso judicial carece de basamento legal por violar las normas básicas de inmunidad de Estado» Las instituciones venezolanas, entretanto, sostienen la denuncia formal en organismos multilaterales, exigiendo la anulación de los expedientes fabricados y el cese de las acciones coercitivas. 

El colectivo caribeño ratificó que «no habrá paz ni estabilidad hemisférica mientras persista la detención forzosa de las autoridades venezolanas». La dirigencia del comité reafirmó que el activismo en las calles continuará hasta lograr la anulación de los cargos en Manhattan.

Como cierre de la proclama, la directiva manifestó que «exigimos la liberación sin condiciones de Nicolás Maduro y Cilia Flores como un acto indispensable de justicia y respeto a la autodeterminación de los pueblos».  

Finalmente, la organización dominicana reafirmó su compromiso histórico con la causa de la soberanía popular en América Latina y el Caribe. Los dirigentes hicieron un llamado urgente a las fuerzas antiimperialistas del continente para consolidar un frente único contra la injerencia estadounidense. El movimiento popular mantendrá la vigilia en Santo Domingo como «símbolo de resistencia activa ante las pretensiones de dominación y expoliación que amenaza la paz regional».  

La exigencia del comité dominicano busca sentar una postura política regional que cuestione la legitimidad de los tribunales estadounidenses para juzgar a dignatarios extranjeros. Al denunciar el caso como un secuestro imperialista, la plataforma pretende transformar un proceso penal del Distrito Sur de Nueva York en un debate de soberanía hemisférica. Su intencionalidad de fondo es elevar el costo político para Washington y visibilizar los riesgos que implica la aplicación extraterritorial de la justicia norteamericana sobre cualquier administración soberana del Caribe y América Latina. 

Las razones que justifican su proceder radican en el rechazo a la ruptura de la inmunidad de Estado y las normas de la Convención de Viena, argumentando que el operativo vulneró la autodeterminación territorial. El colectivo vincula su demanda directamente con el precedente jurídico que sienta la captura forzosa de mandatarios, advirtiendo que la pasividad diplomática valida la intervención militar como recurso ordinario de coacción geopolítica. 

Aunque la solicitud no posee fuerza vinculante sobre el sistema judicial neoyorquino ni capacidad de modificar los expedientes en Manhattan, la acción influye en el plano simbólico al articular un frente de presión social. El movimiento busca movilizar sindicatos y gremios para fracturar el consenso mediático y forzar la reactivación de debates de arbitraje en organismos multilaterales. 

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