La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta iniciativa legislativa busca reorientar de forma sustancial el enfoque de la norma aprobada originalmente en 2017, transformándola en un instrumento enfocado en la promoción del reencuentro nacional, la tolerancia y el respeto mutuo.

El proyecto de reforma fue redactado y presentado por una Comisión Especial parlamentaria encabezada por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Durante su intervención en el pleno, Infante destacó la necesidad imperativa de transitar de un modelo punitivo hacia uno preventivo y educativo, afirmando que es tiempo de «legislar para la vida, el respeto, para reconocernos y sanar heridas».

Asimismo, sentenció que la normativa no debe convertirse en un instrumento de lucha partidista y que «esta ley no puede ser a la medida de los políticos, y digo ni chavistas ni opositores».

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Uno de los cambios más profundos planteados en este nuevo marco legal radica en el ámbito sancionatorio. El proyecto contempla la eliminación total de las penas privativas de libertad y la derogación de las penas de prisión que en la legislación de 2017 oscilaban entre los 10 y 20 años de cárcel.

En su lugar, estas sanciones serán sustituidas por multas económicas calculadas en bolívares, cuyo monto equivaldrá a un rango de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), además de la implementación de medidas alternativas como trabajos comunitarios en espacios públicos, por ejemplo, en la plaza Bolívar de Caracas, para quienes reincidan en conductas de odio.

Durante el debate parlamentario, el diputado Jorge Rodríguez respaldó la iniciativa y argumentó que la ley busca sancionar a quienes se salgan del cauce de la convivencia pacífica. Para ilustrarlo, citó casos concretos como la agresión sufrida por el periodista Reinaldo Mozo el pasado 22 de octubre de 2026 por parte del político opositor Richard Blanco durante una marcha, donde el comunicador fue acusado de «infiltrado» bajo un sesgo racista de «endorracismo».

Recordó a una ciudadana amenazada de muerte en Santa Mónica con la frase «Chavista gorgojera, te vamos a quemar viva» y evocó el trágico caso de Orlando Figuera, quemado vivo en 2017.

El nuevo texto normativo también plantea adaptar la denominación y el alcance institucional del articulado para otorgarle un carácter más propositivo, constructivo y universal. El Parlamento aprobó por mayoría calificada este proyecto de Ley de Reforma Parcial, remitiéndolo formalmente a la comisión que preside Pedro Infante para estructurar un proceso de consulta inclusiva y amplia en todo el país.

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Como parte de los próximos pasos legislativos exigidos por la dinámica parlamentaria, la comisión deberá escuchar activamente a todas las partes involucradas, incluyendo «a las víctimas y a los victimarios», en un despliegue nacional que garantice la recepción de propuestas de la ciudadanía y de los diversos sectores sociales.

Una vez cumplido este riguroso proceso de consulta pública y la sistematización de los aportes recolectados, el proyecto de ley regresará al hemiciclo de la Asamblea Nacional para su segunda discusión.

En dicha fase definitiva se evaluarán los artículos en detalle y se decidirá su aprobación final para proceder con su promulgación oficial en el país.

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