Luego de que el Gobierno de Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en Bolivia, un grupo de organizaciones sociales rechazaron de manera categórica la medida por considerar que se utilizará para perseguir a dirigentes populares, llamaron a la unidad y aseveraron que intensificarán los bloqueos hasta que el mandatario renuncie.

La lucha continúa, manifestaron en pronunciamientos por separado las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las federaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa, las cuales rechazaron el decreto supremo 5636 —autoriza el apoyo de las FF.AA. a la Policía para despejar las vías— y lo catalogaron como «un acto de militarización de la vida social y una vulneración de nuestros derechos fundamentales».

Tras una reunión de emergencia entre sus representantes, las 6 Federaciones del Trópico acordaron «resistir al estado de excepción asumido por el Gobierno» y anunciaron la masificación de los bloqueos en el departamento de Cochabamba.

Además, rechazaron el acuerdo de pacificación suscrito entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB) y consideraron que la plataforma que encabeza Mario Argollo traicionó la lucha tras 51 días de bloqueos.

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La CSUTCB repudió el decreto presidencial 5636, a través del cual se impuso el estado de excepción, al que consideraron ofensivo por emitirse en víspera del sagrado Año Nuevo Andino Amazónico. Aseguraron que «la medida no busca garantizar el bienestar del pueblo, sino reprimir y criminalizar la lucha histórica de los que durante más de cincuenta días hemos mantenido movilizaciones y bloqueos para exigir la renuncia de un Gobierno que nos ha marginado y traicionado«.

«Repudiamos con particular indignación la conducta de Mario Argollo —prosigue el texto—, quien, tras firmar una alianza de lucha con nuestras bases, se ha vendido al Gobierno y ha suscrito un acuerdo de pacificación que desconoce el mandato popular y traiciona la causa del movimiento sindical».

Agregaron que radicalizarán sus piquetes de huelga y no permitirán que el estado de excepción doblegue su determinación. «El Gobierno pretende presentar el acuerdo con Argollo como un avance, pero nosotros lo denunciamos como un fraude a las aspiraciones del pueblo boliviano», acotaron.

«No hay decreto represivo que pueda silenciar el justo reclamo de los campesinos, indígenas y trabajadores que hemos sido excluidos de las decisiones gubernamentales y que vemos cómo este Gobierno amenaza con privatizar nuestras empresas estratégicas y profundizar la crisis económica», reafirmó la organización, que dejó claro que continuarán movilizados hasta que Paz renuncie.

Por su parte, las federaciones Tupac Katari (Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari) y Bartolina Sisa (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa) patentizaron que desconocen el acuerdo entre la COB y el Gobierno, por tanto, seguirán con los puntos de bloqueo. Añadieron que los acuerdos asumidos por aquellos no representan las determinaciones orgánicas de sus bases ni responden a demandas planteadas.

«Mientras no existan respuestas concretas y acciones efectivas a nuestras demandas, las medidas de presión continuarán conforme a las determinaciones asumidas por las 20 provincias del departamento de La Paz», señalaron.

Con anterioridad, estas organizaciones denunciaron que el Gobierno de Paz no ha cumplido su programa de campaña, gestionó el país para beneficio de las élites, permitió discursos de odio contra campesinos e indígenas, y aplica medidas neoliberales para restaurar el Estado neocolonial.

Pese al estado de excepción, que prohíbe de manera explícita el corte de rutas, el pueblo organizado mantenía en las primeras horas de este sábado un total de 44 puntos de bloqueo de carreteras, localizados en cuatro de sus nueve regiones. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a esa hora había 19 cortes de rutas en La Paz, 12 en Cochabamba, 11 en Oruro y dos en la región de Santa Cruz.

Medios alternativos reportaron el despliegue de agentes policiales y maquinaria pesada para despejar las vías en ciudades como El Alto, en La Paz. Los bloqueos de rutas comenzaron el 6 de mayo y ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Se estima que causaron pérdidas económicas en el orden de los 3.000 millones de dólares.

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