El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia informó este jueves que prevé reiniciar de forma inmediata las mesas de negociación con la dirección ejecutiva de la Central Obrera Boliviana (COB). Las autoridades políticas buscan concretar un acuerdo definitivo que ponga fin a 49 días consecutivos de bloqueos de carreteras y protestas sindicales en el país.

El 16 de junio, la COB presentó un pliego de reclamos para pacificar el país, que entre otras incluye la liberación de manifestantes detenidos durante la rebelión popular y los bloqueos de carreteras.

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, puntualizó en declaraciones radiales que la comisión jurídica mixta presentará sus primeros dictámenes sobre las personas que fueron aprehendidas durante la protesta. El funcionario argumentó que la revisión legal permitirá la liberación de varios manifestantes, mientras se evalúan los casos judiciales más complejos.

El presidente del país, Rodrigo Paz, y el secretario general de la COB, Mario Argollo, sostuvieron este miércoles un primer encuentro presencial en las instalaciones del Banco Central de Bolivia, durante el cual acordaron establecer este espacio de concertación técnica para pacificar los territorios y atender de manera directa las demandas del pliego petitorio obrero.

La dirigencia de la federación obrera condicionó el avance de las discusiones sectoriales a la resolución inmediata del estatus legal de los trabajadores detenidos, a quienes se les presentarían cargos por presuntas alteraciones del orden público. Ante esta exigencia, los equipos de juristas del Poder Ejecutivo y los delegados de la central sindical iniciaron la evaluación de los expedientes.

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El pliego de la COB condiciona la pacificación al cumplimiento de varias exigencias. En el ámbito económico, por ejemplo, exige se prohíba cualquier proceso de privatización, capitalización o concesión encubierta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros, y cualquier subordinación a las recetas de choque del Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscarían aplicar el neoliberalismo y destruirían el Estado plurinacional, retrotrayendo el país al Estado neocolonial.

Las demandas procuran defender los derechos de la población, no de las élites. La organización dejó claro que las movilizaciones continuarán si el Gobierno no da solución a estas y otras exigencias.

Por su parte, las agrupaciones agrarias adscritas a la Federación Túpac Katari de La Paz y los movimientos sociales campesinos afines al expresidente Evo Morales decidieron mantener las medidas de presión. Las movilizaciones territoriales continúan interrumpiendo de forma crítica el tránsito vehicular y comercial entre las regiones del oriente y el occidente de la nación sudamericana.

Líderes populares entrevistados por el medio comunitario Radio Soberanía Cochabamba cuestionaron la seriedad del Gobierno de Rodrigo Paz para debatir los problemas del país de forma sincera. Consideran que el Ejecutivo no gobierna en beneficio de toda la población, sino de minorías ligadas a los grandes poderes económicos y financieros.

De acuerdo con medios locales, el Gobierno busca reunirse con la dirigencia de la Federación Única de Campesinos Túpac Katari para llegar a acuerdos que permitan que se levanten los bloqueos.

Los balances oficiales estiman que cerca de 360 personas resultaron arrestadas desde el inicio del conflicto, registrándose pérdidas materiales equivalentes a 2.700 millones de dólares para el sector industrial. El Gobierno federal recordó que mantiene la facultad constitucional de decretar el estado de excepción en caso de que las negociaciones no prosperen.

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