Después de siete semanas de bloqueos y manifestaciones, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró el sábado la situación de excepción en todo el país.

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El presidente publicó en su cuenta oficial de X que la medida «no pretende quitar la normalidad, sino devolverla«, y expuso que las interrupciones prolongadas en las vías han impactado el funcionamiento habitual del país.

«Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares«, afirmó.

Paz reiteró que el país «necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad«, aunque subrayó su voluntad de diálogo. «Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe«, remarcó.

De igual manera, en un mensaje dirigido al país, alertó a «quienes persistan en bloquear, destruir, agredir, intimidar o desafiar el orden constitucional» que enfrentarán «las consecuencias legales de sus actos«.

Asimismo, enfatizó que «a los violentos se les aplicará todo el rigor de la ley y toda la fuerza legítima que la Constitución y la democracia otorgan al Estado para proteger a sus ciudadanos«.

El estado de excepción incluye un toque de queda en áreas específicas y también puede restringir la venta y el consumo de alcohol, así como los servicios bancarios en zonas donde haya bloqueos o violencia.

Los derechos constitucionales seguirán vigentes y los comercios podrán continuar desarrollando sus actividades con normalidad.

Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía con el propósito de restablecer el orden público.

Por otra parte, existe un escenario de reacciones diversas entre los sectores movilizados y la decisión del presidente llega en ese contexto: por un lado, la Central Obrera Boliviana (COB) firmó un convenio con el Gobierno y suspendió sus medidas de presión; pero, por otro lado, otras entidades como la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz optaron por continuar sus movilizaciones.

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