COB presenta propuesta al Gobierno de Rodrigo Paz para pacificar Bolivia

El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) condiciona la pacificación a una agenda institucional de ocho ejes que incluye el freno a las privatizaciones, el rechazo al FMI y la destitución de asesores extranjeros, mientras se mantiene la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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La Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego de condiciones de cumplimiento obligatorio y advirtió con radicalizar los bloqueos en calles y carreteras si el Órgano Ejecutivo no responde de manera inmediata. Foto: @FreddyteleSUR


16 de junio de 2026 Hora: 23:16

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El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana entregó una conminatoria y propuesta de pacificación inmediata al presidente de la nación, Rodrigo Paz, tras cumplir 47 días de conflicto social ininterrumpido en el territorio nacional.

La máxima entidad matriz de los trabajadores bolivianos, articulada con organizaciones sindicales, campesinas, indígenas originarias, vecinales, mineras, gremiales y del transporte, exige una respuesta formal que detenga la judicialización de la protesta popular y garantice el restablecimiento del orden institucional.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ratificó que las movilizaciones y los bloqueos de carreteras continuarán de forma indefinida en los nueve departamentos del país hasta recibir una contestación oficial del Órgano Ejecutivo. Las bases movilizadas mantienen como demanda central e inamovible la renuncia del presidente Rodrigo Paz, advirtiendo una masificación radical de las medidas de presión si el Gobierno ignora el documento remitido.

El pliego petitorio de la COB condiciona la pacificación nacional al cumplimiento estricto de una agenda estructural enfocada en la defensa de los derechos humanos y las garantías orgánicas. La propuesta exige suspender, abrogar y archivar de manera definitiva los proyectos de Ley Anti bloqueos, deteniendo la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes, junto con la concesión de amnistía para las personas detenidas en el marco del conflicto y la erradicación de actos de discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas.

La reestructuración institucional planteada por los trabajadores exige que la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione por dispensación de trámite el Proyecto de Ley de Cumplimiento Estricto del Programa de Gobierno y Principales Propuestas de Gestión Pública. Esta norma obligará al presidente, vicepresidentes, gobernadores y alcaldes a rendir cuentas obligatorias sobre sus promesas electorales frente al pueblo boliviano.

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El plan económico prohíbe cualquier proceso de privatización, capitalización o concesión encubierta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros, vetando de forma explícita cualquier financiamiento o condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y obligando a transparentar los créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La distribución de recursos regionales deberá acelerarse mediante un pacto fiscal autonómico del 50/50 con las gobernaciones y alcaldías.

En materia de fiscalización, la COB exige la expulsión inmediata del ciudadano extranjero Fernando Cerimedo de cualquier función de asesoramiento en el Gobierno central, demandando una investigación minuciosa por presunto abuso de influencias en la designación de puestos del Estado y direccionamiento de contrataciones.

La solicitud incluye la conformación de una Comisión Especial Mixta en la ALP para investigar los casos de narcotráfico denominados «narcomaderas» y «narcomaletas».

La política hidrocarburífera de la propuesta establece el congelamiento de precios de los combustibles de consumo nacional y exige un resarcimiento integral por parte de YPFB y la ANH para los transportistas y propietarios afectados por la distribución de gasolina desestabilizada o carburantes adulterados, supeditado a una auditoría técnica independiente.

La propuesta laboral contempla la consulta previa obligatoria antes del tratamiento o promulgación de cualquier ley, decreto supremo o medida macroeconómica, incluyendo el DS 5515 y las diez medidas económicas del Gobierno.

La protección de la canasta familiar exige frenar la especulación para garantizar el salario real, sumado a la creación de un fondo soberano que permita una jubilación digna al 100% del total ganado para mineros, salud, fabriles, campesinos, transporte, gremiales y la Policía Boliviana, equiparando el beneficio actual de las Fuerzas Armadas.

La agenda finaliza prohibiendo el uso de parques nacionales y reservas naturales para la explotación minera, petrolera o actividades destructivas, exigiendo mesas de trabajo inmediatas para atender los pliegos petitorios específicos de la gestión 2026 correspondientes al transporte, campesinos, FEJUVES y demás organizaciones adscritas.

Mario Argollo remarcó la postura del sector y la continuidad de las medidas de presión: «Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al gobierno central una combinatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata. La protesta, la lucha y la movilización continúan en todo el país hasta recibir la respuesta del gobierno».

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El dirigente sindical advirtió sobre las consecuencias de no obtener una contestación por parte del Ejecutivo: «Caso contrario, vamos a masificar las calles y carreteras para que se dé cumplimiento a lo que hoy se ha pedido y está en pie de lucha, que es la denuncia del presidente. Así como un dirigente también sabe llamar a la movilización, también tiene que saber llamar a la paz».

Autor: teleSUR-wh - JDO

Fuente: X: @FreddyteleSUR