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Los legisladores bolivianos remitieron el informe a la Fiscalía General y la Contraloría General, para que den continuidad a la investigación e inicien acciones penales.

Los legisladores bolivianos remitieron el informe a la Fiscalía General y la Contraloría General, para que den continuidad a la investigación e inicien acciones penales. | Foto: @SenadoBolivia

Publicado 7 octubre 2020


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La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia vincula a presidenta de facto y colaboradores con compra fraudulenta.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y cuatro ministros de su Gabinete aparecen involucrados en presuntas irregularidades en la compra de 170 respiradores españoles y 324 respiradores chinos durante la etapa más crítica de la pandemia.

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Así lo refleja un informe de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de ese país, aprobado este miércoles por los legisladores tras meses de investigación sobre la adquisición de esos medios, y en el que se asevera que la compra de los equipos españoles "tenía la finalidad de obtener fondos para la campaña política de Jeanine Añez".

El informe recomienda que, para dar continuidad a las investigaciones, se derive a la Contraloría General y a la Fiscalía General a la mandataria de facto, a la canciller Karen Longaric y el exministro de Salud, Marcelo Navajas, por su papel en la compra de los respiradores españoles.

Asimismo, se recomienda que se derive al ministro de Obras Públicas, Iván Arias Durán, y al exministro de Salud Aníbal Cruz (antecedió en el cargo a Navajas), por su papel en la adquisición de los equipos chinos.

Respiradores españoles

El informe focaliza el direccionamiento dispuesto por Marcelo Navajas para que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) escogiera a la IME Consulting Global Service S.L. para comprar los respiradores, que ocasionó un daño económico de 2.028.780 dólares. 

Según el texto, la firma del contrato fue direccionada desde la Presidenta de facto y sus ministros. Además, se compraron y distribuyeron resucitadores mecánicos, que no servían para cuidados intensivos y no funcionaban por falta de accesorios.

El documento subraya que las autoridades acordaron que la transacción tuviera un sobreprecio de más de 3.000.000 dólares. Este dinero se obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y para solicitar dicho crédito se presentó certificación del Ministerio de Salud que afirma que los respiradores funcionan bien.

El fabricante declaró que había vendido a IME Consulting Global Services S.L. los 170 equipos y sus accesorios por 1.601.991 dólares, y a partir de aquí se corroboró que esta última empresa, a su vez, vendió dichos equipos a la Aisem en 4.773.600 dólares.

De acuerdo con el informe, cambios hechos en el contrato a última hora y de manera unilateral por el Ministerio de Salud boliviano, relacionados con la fecha y entrega de los equipos, obstaculizarían la operación de recuperar los 2.028.780 dólares pagados a IME Consulting Global Services S.L.

El documento señala que el Ministerio de Salud y la presidenta Áñez suplantaron a la Comisión de Recepción que debió recibir los 170 equipos y no los 75 iniciales, con lo cual modificaron las condiciones de garantía.

Respiradores chinos

En el caso de los 324 respiradores chinos, la comisión que elaboró el informe confirmó un sobreprecio de venta tras comparar la información de los fabricantes, los documentos de embarque elaborados para su despacho y posterior ingreso a Bolivia, y supuestos costos adicionales que elevaron los precios.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, refirió a los legisladores que el costo de cada respirador se elevó a 18.900 dólares debido a impuestos, pero a juicio de los parlamentarios ello evidencia corrupción pues la Aduana Nacional liberó de gravámenes a las importaciones de insumos médicos para enfrentar la Covid-19.

Según el fabricante, el costo de cada respirador fue de 8.900 dólares. Revisados los documentos de embarque, se constató que el precio menor es de 10.939 dólares y el mayor de 13.190 dólares, pero en ningún caso llega al monto que refirió Melgar.

Los legisladores que llevaron a cabo la investigación recomiendan que a aquellos servidores públicos que fueron citados para brindar información y no se presentaron, se les inicien procesos penales por incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.


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