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Una comisión especial creada por el Gobierno venezolano continúa con las investigaciones.

Una comisión especial creada por el Gobierno venezolano continúa con las investigaciones. | Foto: @madeleintlSUR

Publicado 16 diciembre 2020


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Las investigaciones sobre la embarcación con ciudadanos venezolanos continúa desmintiendo las falacias mediáticas.

Las autoridades de Venezuela adelantan la investigación del naufragio de una embarcación ocurrido el 12 de diciembre en la costa de Güiría, estado de Sucre (oriente), en el que fallecieron más de una veintena de personas que viajaban hacia Trinidad y Tobago.

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Este miércoles la suma de personas fallecidas a causa de este hecho, ascendió a 23, y se han identificado 21 cadáveres, los cuales se entregaron a sus familiares.

Horas atrás las autoridades detuvieron al dueño de la embarcación, con antecedentes penales por tráfico de drogas y tráfico ilícito de personas, y al propietario de la hacienda de donde salió el medio naval. Ambos aportan información relevante para la investigación.

Capacidad de la embarcación

En la zona del accidente están desplegados los médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Crimalísticas (CICPC), Fiscalía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

De acuerdo con información de primera mano obtenida por la corresponsal de teleSUR en Venezuela, Madelein García, hasta el momento la investigación apunta a que se trata de un naufragio por sobrepeso.

La embarcación está diseñada para 15 pasajeros, pero se estima que viajaban 26 personas a bordo. Se dispone de la lista de los 19 viajeros, pero el propietario del medio naval montó a su familia y un hijo suyo que navegaba el barco pese a no contar con experiencia. Las autoridades investigan si en el grupo de 19 pasajeros se incluyen menores de edad.

De acuerdo a los reportes, desde el punto en que partió la embarcación hacia Trinidad y Tobago demora aproximadamente tres horas. Dado que los cuerpos fueron recuperados en áreas próximas a la costa venezolana, se estima que nunca llegaron a aquel país y que el accidente ocurrió aproximadamente a la hora y media de tránsito.

Testimonios en medio del luto

Familiares de los fallecidos, entrevistados en exclusiva por Madelein García, refieren en principio que sus allegados habían ido a Trinidad y Tobago a pasar la Navidad, aunque en las opiniones luego afloró el criterio de que el viaje tenía una motivación económica.

Otro de los entrevistados señaló que para viajar a ese país se pagan 300 dólares por persona y 1.200 si se trata de una familia de cuatro integrantes, no obstante, advirtió que se considera la posibilidad de abonar el pago en caso de una real necesidad económica de los viajeros.

Una madre lamentó que su hija y nieto iban en la lancha con la intención de encontrarse con su papá. La joven vendió varias propiedades "para irse en Navidad y mira lo que le costó, su vida", dijo otra persona. Al menos una familia perdió a todos sus integrantes en el hecho, mientras que otras perdieron a la mitad.

Un pescador contó que él y otros no se movilizaron a buscar a sus seres queridos porque desde Trinidad y Tobago comenzó a salir información de que estaban detenidos.

"Nos confiamos. Si esa información no se hubiese manejado, hubiésemos salido a buscarlos y hubiésemos conseguido sobrevivientes. Hubo manipulación", denunció.

Debido a históricos vínculos culturales, es natural que la gente cruce la frontera entre Güiría y Trinidad y Tobago, del mismo modo que entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira, pero la emigración por razones económicas es politizada y utilizada por la oposición.

Empleo de la tragedia con fines políticos

Desde el primer momento, las autoridades venezolanas responsabilizaron a grupos delictivos que operan en la zona oriental del país y que se vinculan a sectores de la derecha extremista.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos y Canadá utilizan incidentes de este tipo no para fomentar solidaridad hacia las familias golpeadas por la tragedia, sino para atacar políticamente al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Estos grupos, ligados a Juan Guaidó y su grupo, difundieron que los ciudadanos venezolanos habían llegado a ese país y que sus autoridades los habían obligado a regresar con la embarcación atestada de viajeros.

Las ONG y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) echaron a rodar el criterio de que les darán a los migrantes estatus de refugiados, cuando esa es una prerrogativa de cada país.

Trinidad y Tobago ha denunciado ese accionar podría estar vinculado a trata de personas y han reiterado que no se prestarán al juego de las ONG y ni de la ACNUR de asociar el lamentable suceso con intereses políticos.


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