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Al expresidente se le imputa haber encabezado una organización que obtenía dinero a cambio de licitaciones fraudulentas.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú negó la apelación impuesta por el expresidente Pedro Castillo; por lo cual seguirá siendo investigado por supuestos delitos de corrupción.
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Representada por el juez César San Martín, la justicia peruana decidió declarar infundada la apelación que "planteaba nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía como diligencias por organización criminal, tráfico de influencia con agravantes y colusión agravada en investigación contra Castillo Terrones".
"No se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante. Su recurso debe desestimarse", estimó San Martín en su resolución.
��Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundada apelación interpuesta por defensa de Pedro Castillo contra resolución que declaró improcedente solicitud de tutela de derechos, en investigación por organización criminal y otros.
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 28, 2023
En ese sentido, la autoridad judicial detalló que “la aludida disposición de la Fiscalía de la Nación, al disponer diligencias preliminares contra el presidente de la República, no infringió los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución”.
Luego de rechazar un recurso de apelación presentado por la defensa, también la Corte Suprema peruana ratificó el 31 de marzo último la decisión de imponer unos 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, mientras es objeto de la investigación por corrupción.
Para ese supuesto delito, a Castillo se le imputa haber encabezado una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas. El depuesto mandatario ha aseverado “hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor".
A esa acusación, se sumó otra de 18 meses por el presunto delito de rebelión durante su intento de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción el 7 de diciembre pasado.
