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El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado en reiteradas ocasiones una persecución en su contra por parte de la Justicia ecuatoriana para encarcelarlo.
La auditoría de la deuda pública interna y externa, la preventa petrolera a Petrochina, y lo más reciente, la supuesta vinculación del exmandatario en el secuestro del exasambleísta opositor Fernando Balda en 2012, en Colombia, son algunos de los procesos que se han realizado en su contra.
Este 3 de julio la Fiscalía de Ecuador solicitó que se dicte la prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Colombia, en 2012.
La Fiscalía alegó incumplimiento a la medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional, que fue dictada el pasado 18 de junio contra Correa, la cual indicaba que debía presentarse cada 15 días a partir del 2 de julio.
Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 3 de julio de 2018
¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional?
No se preocupen, todo es cuestión de tiempo.
¡Venceremos! https://t.co/zjjp67gl4D
Para cumplir la medida cautelar, Correa se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, donde reside con su familia desde julio de 2017.
Cuando se dictó la medida cautelar en junio, el exmandatario advirtió que se trataba de una maniobra para encarcelarlo, debido a que por residir en Bélgica no podría presentarse ante la Corte Nacional. Aseguró que usarían este incumplimiento para dictar prisión preventiva en su contra.
¿De qué trata el caso Balda?
Fernando Balda denunció haber sido introducido de manera forzada en un vehículo en 2012, en Bogotá, Colombia. La policía de ese país detuvo el presunto intento de secuestro y el caso fue procesado hasta enjuiciar a dos personas.
Sin embargo, Balda asevera que en su secuestro estuvo vinculado el exmandatario. Ante esto, el fiscal general encargado, Paúl Pérez Reina, presentó supuestas pruebas de la participación de Correa en el secuestro, como cartas de altos mandos y dos depósitos de pago.
Según el fiscal encargado, quien fue nombrado tras la destitución de Carlos Baca y no ha sido posesionado por la Asamblea Nacional, en el supuesto secuestro de Balda estuvieron involucrados Agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
La defensa de Balda afirma que los tres ciudadanos ecuatorianos Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza Méndez eran funcionarios de la Senain y recibieron órdenes de Correa para secuestrarlo.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 19 de junio de 2018
Sin embargo, Jorge Costa Palacios, secretario de Inteligencia, ante el pedido de la fiscal Jimena Mena Martínez, reveló el pasado 15 de mayo documentos que señalan que esos tres ciudadanos no fueron "servidores públicos de la Secretaría de Inteligencia, dentro del período del año 2011 al 2012".
Asimismo, Costa certificó que la Dirección Financiera de la Secretaría de Inteligencia Nacional (SIN), de la Policía Nacional, no se registran "pagos del año 2012, efectuados a través del sistema Esigef, por gasto corriente" a esas tres personas "que evidencie la existencia de informes presentados para justificar la comisión de servicios del traslado… a la ciudad de Bogotá- Colombia, durante los días del 09 al 14 de agosto de 2012".
— Rafael Correa (@MashiRafael) 19 de junio de 2018
De hecho, los departamentos de Recursos Humanos y de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Inteligencia de la Policía Nacional confirman que Chicaiza, Falcón y Espinoza eran funcionarios de esta institución y no de la SENAIN.
La Contraloría de Ecuador determinó el 9 de abril supuestos indicios de responsabilidad penal contra el exmandatario Rafael Correa en el manejo de la deuda pública.
El contralor Pablo Celi presentó el informe sobre el manejo de la deuda pública entre 2012 y 2017, en el cual determinó "indicios de responsabilidad penal", con multa y destitución para Correa y varios funcionarios de su Gobierno, por la implementación del Decreto Ejecutivo 1218, que permitió cambiar el cálculo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
En 48 horas recibí notificación de Contraloría por auditoría de deuda -que, además, ya se ha realizado hasta el 2014-; una veeduría de la deuda compuesta de “notables”... ¡enemigos!; y una boleta de Fiscalía por preventa petrolera a Petrochina.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 11 de enero de 2018
¡Empieza la “cacería”! pic.twitter.com/NzOD2wpwu4
Correa aseveró en su Twitter "los criminales son los que me acusan" y cuestionó ser señalado de "responsabilidad 'penal' por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI", en referencia a la acusación de la Contraloría de una supuesta ilegalidad en la implementación del Decreto Ejecutivo 1218.
El Código de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador establece que el límite de la deuda no debe superar el 40 por ciento del PIB. Pero el Decreto 1218, emitido el 20 de octubre de 2016, reformó el reglamento de esa norma para cambiar el cálculo del límite.
Como resultado, el endeudamiento se redujo del 38 al 27,4 por ciento al cierre de 2016 con relación al PIB.
¿Acaso no es lo que hemos dicho mil veces? Lo ratifica la misma ministra.
— Rafael Correa (@MashiRafael) 9 de abril de 2018
Y si no quieren medir la deuda, sino los “pasivos”, tendrían entonces que medir los “activos”, y sólo en inversión tuvimos $90.000 millones en 10 años. Es decir, somos mucho más “ricos”.
Elemental, Sancho pic.twitter.com/9Wlm0GxYdu
"The Economist establece en un Reloj de Deuda, que Ecuador es uno de los países con menor endeudamiento del mundo. La Ministra de Economía ayer dijo que esta no supera el 40 por ciento del PIB", aseveró este lunes Correa a la radio @fmmundo.
El año pasado, la Contraloría ordenó una auditoría a la deuda pública externa e interna entre 2012 y 2017. Ante el anuncio, el expresidente Correa recordó que toda la deuda ya estaba auditada hasta el 2015 y una doble auditoría sería ilegal.
La nueva auditoría de la deuda abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Estuvo a cargo de las entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de deuda interna y externa.
El 5 de febrero, la Fiscalía de Ecuador citó al expresidente Rafael Correa para rendir su versión en el caso conocido como Petrochina, que está en indagación previa sobre la venta anticipada de petróleo durante su Gobierno.
Ese caso indaga un posible perjuicio al Estado en la venta anticipada de petróleo a China. Correa ha defendido la transparencia en los contratos en su Administración, por lo que denunció una cacería en su contra.
Correa señaló en febrero pasado que solo firmó un acuerdo en el 2010, "pero de ahí en adelante cambió la ley. Yo no he firmado más. Me acusan de unas preventas petroleras del 2016, pero tendrán que demostrar".
