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Los sindicalistas señalaron que los más de 50 millones de dólares que serían destinados para la consulta pueden ser invertidos en políticas públicas e instrumentos sociales.

Los sindicalistas señalaron que los más de 50 millones de dólares que serían destinados para la consulta pueden ser invertidos en políticas públicas e instrumentos sociales. | Foto: Facebook / Unión Nacional de Educadores

Publicado 7 enero 2024



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Consideran que la iniciativa del presidente Noboa es innecesaria y supone un gasto de dinero que ha de emplearse en actividades sociales priorizadas.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador, que constituye el mayor sindicato de profesores del país, rechazó la propuesta de consulta ciudadana del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y convocó a una jornada de movilización para el próximo 18 de enero.

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“No tenemos por qué pagar una campaña anticipada, a través de una consulta popular innecesaria que lo único que demuestra es un derroche de dinero en medio de una crisis fiscal”, denunciaron los líderes de la UNE en un comunicado.

El actual presidente ecuatoriano propuso realizar un referendo enfocado en tres objetivos: la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, el apoyo del sistema de justicia para que los condenados tengan penas más altas y en promover el empleo a través de nuevas contrataciones y actividades económicas.

Los sindicalistas señalaron que los cerca de 60 millones de dólares que serían destinados para la consulta pueden ser invertidos en políticas públicas e instrumentos sociales para que los niños y jóvenes "dejen de ser reclutados" por las bandas delincuenciales, así como en el sector de la salud o la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Asimismo, varios asambleístas consideraron que la consulta, compuesta por 11 preguntas, necesita ser bien analizada por el Parlamento ya que, según los legisladores, no pasa solo por el texto de las misma, sino por entender el alcance de sus anexos.

La Corte Constitucional ecuatoriana tiene 20 días para emitir un dictamen sobre la iniciativa del jefe del Ejecutivo y, de ser aprobada, correspondería al Consejo Nacional Electoral convocar a los ecuatorianos a las urnas.


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