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Ningún integrante del Ministerio de Seguridad ha emitido un pronunciamiento frente al comunicado de las organizaciones de DD.HH. hasta el momento.

Ningún integrante del Ministerio de Seguridad ha emitido un pronunciamiento frente al comunicado de las organizaciones de DD.HH. hasta el momento. | Foto: Reuters

Publicado 23 julio 2019 (Hace 6 horas 38 minutos)

El comunicado en conjunto pide una investigación independiente y judicialización ejemplar a los responsables de acciones represivas contra los manifestantes.

Ante el accionar represivo de la fuerza pública contra manifestantes en Honduras, más de 150 organizaciones de derechos humanos (DD.HH.), condenaron este martes la violencia e instaron al Gobierno a cesar estas prácticas que atentan contra la integridad de la población.

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El pronunciamiento llega después de que la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación exigiera la renuncia del ministro de Seguridad, Julián Pachecho, por su pasividad ante los violentos hechos de las Fuerzas Militares contra manifestantes que exigen trabajo digno y educación gratuita, universal y de calidad.

"Esperamos que se garantice el derecho legítimo a la protesta, el derecho a defender derechos y se cese de manera inmediata la intimidación, criminalización y el uso de la fuerza en contra de personas que protestan, particularmente las personas menores de edad", puntualiza el comunicado.

Entre las instituciones firmantes se destaca el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, las cuales reiteran que la intensificación de la violencia profundiza la crisis social, política y de seguridad.

Asimismo, las organizaciones exigen a las autoridades identificar y judicializar a los agentes del Ejército involucrados en acciones violentas contra personas que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica.

Las masivas protestas surgidas en el país en las últimas semanas han sido encabezadas por integrantes del sector salud y educación, quienes instaron al Estado a atender la situación en ambas áreas.


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