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De acuerdo al Gobierno de México, las empresas productoras de armas son responsables del tráfico ilegal de armas y la violencia que afecta el país azteca.

De acuerdo al Gobierno de México, las empresas productoras de armas son responsables del tráfico ilegal de armas y la violencia que afecta el país azteca. | Foto: Twitter @Smith&Wesson

Publicado 4 agosto 2021



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Según la cancillería mexicana no se trata de una demanda contra el Gobierno de EE.UU., sino contra empresas privadas.

El Gobierno de México demandó a varios fabricantes de armas ante la Corte de Estados Unidos por comercio negligente e ilícito, el cual contribuye, según la cancillería local al tráfico de armas a territorio mexicano y ocasiona daño directo.

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La información, adelantada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aclara que no se trata de una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, al cual llegaron a reconocerle esfuerzos para detener el tráfico ilícito de armas.

Con la demanda judicial, México busca compensación pecunaria, pues alega que las empresas productoras de armas Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

Alejandro Celorio Alcátara, consultor jurídico de México en la demanda, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que, no obstante se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados. 

Alcántara explico que ello es una de las causas que motivó que la demanda fuera establecida en territorio estadunidense, con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación. 

La demanda busca no solo la reparación del daños, sino evitar en los efectos del tráfico ilegal de armas en México, como acompañamient al esfuerzo del Congreso local para erradicar el tráfico ilícito.

El secretario Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo, por su parte, que la demanda tiene como propósito que las empresas compensen al gobierno de México por sus acciones negligentes, aunque aclaró que el monto se determinará en juicio.

De igual forma, buscan que se implementen estándares para monitorear y disciplinar a sus distribuidores,  pues las empresas tienen  responsabilidad en el aumento del tráfico ilegal.

Del mismo modo, se deberán incorporar mecanismos se seguridad en las armas, con el fin de prevenir que sean usadas por la delincuencia organizada y, sobre todo, cesen de inmediato las practicas negligentes.


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