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“Muchos litigantes vinieron en búsqueda de tiempo, a detener sus causas, a dilatar y lo encontraron”, expresó María Luisa Brahm, titular del Tribunal Constitucional.

“Muchos litigantes vinieron en búsqueda de tiempo, a detener sus causas, a dilatar y lo encontraron”, expresó María Luisa Brahm, titular del Tribunal Constitucional. | Foto: Twitter @TRIBCONST_CHILE

Publicado 21 abril 2020


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La magistrada se pronunció respecto a dilaciones injustificadas en la tramitación de asuntos, relacionándolas con el actuar presuntamente corrupto de abogados litigantes y ministros de la Corte de Constitucionalidad.

La presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, María Luisa Brahm, al que pertenece como magistrada desde el año 2013, denunció que en dicha corte con anterioridad a su mandato existieron dilaciones injustificadas en el conocimiento de procesos, situación que “estuvo al límite de la corrupción” según sus declaraciones.

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En entrevista concedida este sábado al medio La Tercera, Brahm aseguró que en el período previo a su asunción al frente del Tribunal Constitucional “había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción”.

Interrogada sobre el por qué señalaba que las dilaciones se relacionaban con un actuar corrupto y no con deficiencias en el trabajo interno de la corte, respondió: "me tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el Tribunal Constitucional".

Según Brahm, las excesivas dilaciones en la tramitación de asuntos, que abarcaron incluso meses de inacción, crearon un clima favorable para que los abogados litigantes presentaran casos solamente para extender el proceso en el tiempo, y de esta forma facturar sumas mayores.

Los casos en esta situación están fundamentalmente relacionados con temas de Derechos Humanos, puntualizó la funcionaria.

Ilustró su denuncia con el dato de que en los ocho meses que lleva al frente del Tribunal Constitucional, impulsó la tramitación de 68 causas por Derechos Humanos. De ellas, 28 no llegaron a término, tres se tramitan actualmente y en 36 ya se dictó sentencia.

De estas últimas, en 31 fueron rechazadas las pretensiones del promovente y tres fueron acogidas parcialmente. Esto, según Brahm, ilustra que los litigantes "en realidad venían en búsqueda de tiempo, porque les iba mal al final. Es decir, con un fin dilatorio, nada más". 

Señaló la responsabilidad de su antecesor, el magistrado Iván Aróstica, ya que el presidente del Tribunal Constitucional está encargado de que los procesos se vean en el pleno de jueces y se decida su conocimiento por el órgano jurisdiccional.

"Yo creo que él (Aróstica) proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran acordes al nivel de atraso que teníamos. Se acumulaban causas y no se gestionaba internamente", señaló Brahm.

Ante la denuncia de la presidenta del Tribunal Constitucional, varias organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, han exigido una respuesta de las autoridades. Por su parte, el Fiscal General de Chile anunció el inicio de un proceso de indagatoria para investigar la situación. 


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