La subasta promovida por el Gobierno brasileño arrojó la privatización de 12 terminales aeroportuarios de Brasil por un monto de 945 millones de dólares.
El Gobierno de presidente Jair Bolsonaro subastó este viernes las concesiones para operar 12 aeropuertos de Brasil con el objetivo de obtener al menos 3.500 millones de reales (945 millones de dólares) en inversiones en los terminales aeroportuarios subastados.
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En este concurso, el principal acreedor de aeropuertos fue el consorcio español AENA, el cual se adjudicó seis aeropuertos de los 12 subastados por un monto de 1.900 millones de reales (495 millones de dólares), que otorgan la explotación de estos espacios por un lapso de 30 años, informó este viernes la Bolsa de Sao Paulo.
Los otros consorcios en ganar concesiones fueron el grupo suizo Zurich Airport, que pasará a administrar dos aeropuertos del sudeste del país; y la asociación brasileña Aeroeste, que manejará los cuatro restantes ubicados en la región centro-oeste.
Estas adjudicaciones se dieron luego de una intensa puja que totalizó 2.377 millones de reales (unos 620 millones de dólares). Esta subasta constituye la primera acción de privatización planteada por el Gobierno del ultraderechista Bolsonaro.
Además de pagar por la concesiones, los consorcios vencedores tendrán que comprometerse a hacer inversiones de modernización y mejoras de los terminales subastados.
A pocas horas como presidente de #Brasil����, Jair Bolsonaro promulgó varias resoluciones que afectan al pueblo
— teleSUR TV (@teleSURtv) 3 de enero de 2019
Privatizaciones y exclusión de la población Lgbtiq forman parte de las nuevas medidas
¿Qué otros decretos podrán ser anunciados? Sepa más ��https://t.co/FthZhI9Rnk pic.twitter.com/2N6vcpnpOR
La concesión de los 12 aeropuertos fue anunciada el año pasado por el Gobierno de expresidente de facto, Michel Temer, quien, tras su llegada al poder en 2016 por el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, lanzó un plan de privatización y concesiones.
Movimientos sociales rechazan la privatización de las empresas prioritarias en Brasil por considerar que afectan el capital del Estado y que es una manera de entregar las empresas nacionales a países extranjeros.