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El mandatario colombiano Iván Duque presentó sus desacuerdos a seis artículos de la ley el 10 de marzo.

El mandatario colombiano Iván Duque presentó sus desacuerdos a seis artículos de la ley el 10 de marzo. | Foto: EFE

Publicado 2 abril 2019

Las observaciones retrasarán la posibilidad de implementar la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Desde su llegada al poder el presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó que buscara vulnerar el acuerdo de paz firmado por el anterior gobierno, sin embargo, las objeciones presentadas en fecha reciente a la ley, abren una perspectiva negativa a la ansiada pacificación del país suramericano.

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Aprobada por ambas cámaras del Congreso y por la Suprema Corte de Justicia las objeciones presentadas por Duque retrasarán la posibilidad de implementar la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El mandatario presentó sus desacuerdos a seis artículos de la ley el pasado 10 de marzo referidos a la reparación a las víctimas y acción penal contra los delitos de lesa humanidad.

Según Duque, el artículo 7 no determina con exactitud la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, por lo cual propone que haya una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas.

En otras palabras, los antiguos insurgentes del otrora grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP,) tendrían que reparar de manera individual, y no colectiva los daños, por lo cual se abre la posibilidad de perder los beneficios contemplados en la JEP.

También el artículo 63 fue parte de las objeciones del jefe de Estado porque no se precisa que la tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del alto comisionado de Paz, como representante del Presidente.

En la tercera objeción, Duque solicita que la ley deje en claro en qué casos las investigaciones contra personas sometidas a la JEO quedan fuera de la órbita de la justicia ordinaria.

La cuarta está referida a lo que el mandatario considera que se renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, lo que es inconveniente porque constituiría impunidad. "El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad”, menciona.

Sobre los casos de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo de paz, la propuesta presidencial subraya que el artículo en la materia no precisa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.

En el sexto y último, Duque sostiene que el artículo 153 condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término. “Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuesta verdad”.

Las propuestas abrieron un intenso debate en Colombia, aunque para el alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia, Francisco Barbosa, Duque sancionará la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) si el Congreso rechaza las objeciones que hizo el jefe de Estado.

En una audiencia en la Cámara de Representantes, Barbosa indicó que "lo que tenemos que hacer es recoger rápidamente todos los puntos de vista, acercarnos en el país y respetando la decisión que tome el Congreso”.

“El país debe saber que si se rechazan las objeciones a la JEP, el presidente Duque cumplirá la Constitución y sancionará el proyecto de ley estatutaria pero el debate se debe hacer", precisó.

La también conocida Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera, según los acuerdos.

La JEP, como mecanismo de justicia transicional, tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado, y hasta el 1 de diciembre de 2016.


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