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La organización también advierte sobre el posible otorgamiento de beneficios o la excarcelación a uno de los autores intelectuales del crimen.

La organización también advierte sobre el posible otorgamiento de beneficios o la excarcelación a uno de los autores intelectuales del crimen. | Foto: EFE

Publicado 7 abril 2020



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El Copinh refiere que están al tanto de las gestiones realizadas para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alertó este martes que autoridades estatales y judiciales de ese país podrían dejar en libertad, aprovechando el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid-19), a dos de los asesinos condenados por la muerte de la activista Berta Cáceres.

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“El Copinh denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el Ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país”, indicaron este martes en un comunicado.

El texto refiere que la organización está al tanto de las gestiones realizadas para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, y condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis sanitaria.  

Asimismo, precisa que podrían darle beneficios o incluso la excarcelación a David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen que le quitó la vida a la líder hondureña.

El Copinh también denunció los privilegios que gozan los responsables de la muerte de Cáceres en las instalaciones penitenciarias, bajo el amparo de las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde presuntamente se encuentran recluidos actualmente Rodríguez y Bustillo.

La organización exigió al director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, José González Maradiaga, así como al resto de las autoridades encargadas, el esclarecimiento de la situación.


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