• Telesur Señal en Vivo
  • Telesur Solo Audio
  • google plus
  • facebook
  • twitter
El mandato de la Comisión sigue en activo hasta que el próximo 3 de septiembre venza el periodo.

El mandato de la Comisión sigue en activo hasta que el próximo 3 de septiembre venza el periodo. | Foto: EFE

Publicado 11 junio 2019

El abogado colombiano Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, está fuera de Guatemala desde septiembre del año pasado porque es considerado una amenaza para la seguridad nacional.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) nació en Guatemala hace 12 años con el mandato de depurar al Estado de las estructuras que producían impunidad y corrupción, pero el organismo ahora está bajo el asedio de la Presidencia de Jimmy Morales.

LEA TAMBIÉN:

Casi 40 defensores de derechos humanos asesinados en Guatemala

El mandatario Morales, involucrado en un caso de corrupción, promovió la inhabilitación de la Comisión, entidad que durante su mandato ha podido reducir la impunidad y proponer reformas en el sistema penal y judicial destinadas a profundizar en la lucha anticorrupción.

A principios de este año, Morales decidió de forma unilateral dar por terminado el mandato de la entidad internacional, aunque esta sigue en activo hasta que el próximo 3 de septiembre concluya el periodo de su última renovación.

La Cicig es una entidad que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuya función en el país consiste en colaborar con las investigaciones en contra de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como en la desarticulación de esos grupos, entre otras tareas contempladas en su mandato.

Fue en diciembre de 2006 cuando Guatemala y la ONU firmaron el acuerdo de creación de la Cicig, el cual cobró vigencia en agosto del año siguiente. Un mes después comenzó a operar la entidad.

El abogado colombiano Iván Velásquez, comisionado del Cicig, está fuera del país desde septiembre del año pasado porque el Gobierno de Guatemala le impide la entrada por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional.

"Desde 2015 la Comisión se convirtió en uno de los actores más relevantes del acontecer político del país", declaró Velásquez en fecha reciente, y por ello agregó que se buscó proponer reformas para mejorar el sistema judicial de Guatemala.

La Comisión ha priorizado cinco grandes temas en la investigación y persecución penal, entre ellos  contrabando y defraudación tributaria,  corrupción en el sector público y financiación ilegal de los partidos políticos y de las campañas electorales.

La comisión ha apoyado desde 2007 más de cien casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.

Desde su establecimiento en el año 2007, la Cicig ha trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las instituciones nacionales para la identificación y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas legales e institucionales que impidan su reaparición.

Durante su gestión, la Comisión coadyuvó entre 2008 y 2009 para enjuiciar al expresidente Alfonso Portillo y varios militares por malversación de fondos y entre 2008 y 2012 participa en la condena del entonces alcalde de la Antigua Guatelama, Adolfo del Vivar, acusado de malversación de fondos públicos.

En 2012, la Comisión ayudó a la captura de la exdirectora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, acusada de ejecuciones extrajudiciales.

Dos años después, coadyuvó en la desmantelación de una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima Oliva, exoficial del Ejército de Guatemala, quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan Gerardi. 
Lima y doce personas más fueron acusados de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y de traslados de reos de una cárcel a otra.

En 2014, La Cicig y el Ministerio público consignaron a 22 personas, miembros de la banda "La Línea", dedicada a defraudar al fisco por montos millonarios en una compleja red de relaciones entre autoridades de alto nivel y entidades privadas.


Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.