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La organización considera que el cambio de gobierno y el impacto de la pandemia propiciaron que aumentaran los hechos violentos en contra de los defensores.

La organización considera que el cambio de gobierno y el impacto de la pandemia propiciaron que aumentaran los hechos violentos en contra de los defensores. | Foto: signisalc.org

Publicado 18 diciembre 2020


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Udefegua estima que el gobierno ha impulsado una política de represión en contra de las personas que defienden derechos humanos.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala denunció el jueves que durante el 2020 se registraron 1.004 agresiones contra defensores de DD.HH.

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Según Udefegua la cantidad de agresiones convierte al 2020 como el año más violento contra los defensores y defensoras de DD.HH. en el país centroamericano.

El organismo de DD.HH. reveló que en el presente año se han contabilizado al menos 15 asesinatos en distintos departamentos del país y también se han contabilizado 22 intentos de asesinato contra defensores del territorio indígena.

Del total de agresiones, 530 fueron contra hombres, y 338 hacia mujeres; mientras que 136 fueron contra organizaciones, colectivos y comunidades. 

Los departamentos con mayor cantidad de registros de violencia son: Guatemala, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Chiquimula.

La organización considera que el cambio de gobierno y el impacto de la pandemia por Covid-19 propiciaron que en este año aumentaran los hechos violentos en contra de los defensores. 

Udefegua estima que el gobierno ha impulsado una política de represión en contra de las personas que defienden derechos humanos.

“Prácticamente, el actual gobierno ha desmantelado toda la institucionalidad de la paz, los derechos humanos, así como los pocos y débiles mecanismos de protección existentes”, expresó la organización durante su presentación de resultados.

Udefegua registró 313 casos de criminalización hacia defensores. Uno de ellos es la detención arbitraria en contra la comunicadora k’iche’ Anastasia Mejía Tiquiriz en Santa Cruz del Quiché, quién continúa en proceso legal. 

Según el informe del organismo, las mujeres defensoras y periodistas comunitarias han sido atacadas constantemente por denunciar acciones que perjudican a las comunidades.

En tal sentido, la organización demanda al gobierno el cese de la política de represión, criminalización, y violencia en contra de personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, así como los territorios y medio ambiente.


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