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Durante la jornada del miércoles, más de 12 asambleístas intervinieron previo a la suspensión de la sesión sobre el juicio contra Guillermo Lasso.
Tras una larga jornada de intervenciones y debates, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió suspender hasta este jueves la sesión del juicio político contra el ahora expresidente Guillermo Lasso.
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El presidente del ente legislativo ecuatoriano, Henry Kronfle, suspendió la sesión alrededor de las 19H00 y convocó a su reinstalación a las 10H30 de este 30 de noviembre.
Durante la jornada del miércoles, más de 12 asambleístas intervinieron previo a la suspensión de la sesión.
#AsambleaEc2023
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 30, 2023
El presidente del Parlamento ecuatoriano, @HenryKronfle, suspendió la continuación de la sesión 872 tras escuchar la intervención de 16 legisladores, en el marco del#JuicioPolítico al expresidente @LassoGuillermo. La sesión se retomará este jueves 30 de… pic.twitter.com/OVf6OqV79F
La intervenciones de la sesión se centró en los alcances que tiene el Parlamento para censurar y destituir a un expresidente, es decir, que ya no está en funciones.
Los asambleístas Paola Cabezas, Roberto Cuero, Esther Cuesta de la agrupación Revolución Ciudadana entre otros legisladores destacaron que el expediente del proceso contra el expresidente Lasso cuenta con los elementos suficientes para censurar al exmandatario ecuatoriano.
El #JuicioPolítico a @LassoGuillermo fue truncado disolviendo el Parlamento, afirmó @PaolaCabezasC al exponer las graves omisiones e inoperancia del entonces Presidente.
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 29, 2023
No podemos dejar en la impunidad y olvido casos tan graves de corrupción, concluyó. pic.twitter.com/v5NZrSbbPc
Además, observaron que, una vez que Guillermo Lasso salió del poder, la Fiscalía General formuló cargos contra varias personas vinculadas al reciente expresidente, entre las que figura su cuñado, Danilo Carrera, por el caso Encuentro.
Lasso fue sometido a un proceso de enjuiciamiento político, por irregularidades en un contrato, renovado en su Gobierno, para el transporte del petróleo ecuatoriano, con un daño al Estado por 6,1 millones de dólares.
El exmandatario "ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra", según la legislación ecuatoriana.
