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Partidos políticos evalúan cambiar la fecha del plebiscito a causa del coronavirus.

Partidos políticos evalúan cambiar la fecha del plebiscito a causa del coronavirus. | Foto: Msn

Publicado 18 marzo 2020


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Continúan las protestas en las calles de Santiago tras la crisis social que inició en 2019.

En Chile se cumplen cinco meses desde que organizaciones y movimientos sociales chilenos decidieron unirse en las manifestaciones contra el presidente Sebastián Piñera, quien cumple su segundo año en la presidencia del país.

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El estallido social inició el 18 de octubre cuando, principalmente, grupos estudiantiles se movilizaron para rechazar el aumento del precio del pasaje de Metro y fueron fuertemente reprimidos por Carabineros, un descontento que se sumó a otras áreas cansadas de las injusticias, las desigualdades y la impunidad en el país.

Las demandas reflejadas en estas manifestaciones que han durado cinco meses con presencia constante en las calles de la capital chilena, no han recibido mayor respuesta del Gobierno, más que represión, aprehensiones y el acordado plebiscito, que podría sufrir un cambio en la fecha pautada para el 26 de abril, motivo de la emergencia de pandemia mundial.

Chilenos no han parado de manifestarse en contra del presidente Piñera y su administración. A cinco meses de dar inicio a las movilizaciones, hoy lo hacen desde sus casas como medida de prevención ante el contagio de coronavirus, pues destacan que el sistema de salud del país no podría respaldar una crisis sanitaria como la que se vive actualmente en el mundo. 

Denuncias violaciones DD.HH.

Sin duda las protestas sociales en Chile han puesto en evidencia la situación de los derechos humanos del país suramericano.

De acuerdo a organizaciones de DD.HH. Chile culminó el 2019 con la peor crisis en materia de derechos desde la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Desde el inicio las protestas  se han reportado 31 fallecidos y miles de violaciones a los derecho humanos denunciadas por organismos nacionales e internacionales.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) para los Derechos Humanos de diciembre de 2019.

El documento señala que en el marco de la protestas  “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, indica el texto de la ONU. 

Entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, la ONU desplegó una misión en Chile conoció los relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”.

Acnudh denunció que tanto los Carabineros como el Ejército no se adhirieron a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones.

La ONU alertó también sobre el número alarmantemente de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos letales se han utilizado de manera indiscriminada”, indica la oficina. 

La ACNUDH dedicó en su informe a la tortura y malos tratos en donde señala que pudo recopilar 133 casos.

A pesar de la denuncia de la ONU y otros organismos internacionales, el Gobierno de Piñera no ha cesado en las violaciones a DD.HH. por parte de los fuerzas de seguridad como lo han demostrado la represión del acto del domingo 8 de marzo.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hasta el pasado 18 de febrero se registraron 3.765 personas heridas; unas 445 con lesiones oculares, entre ellas 411 con trauma y 34 con estallido o pérdida; así como 2.122 que recibieron disparos.

Organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunciaron que durante los diez días del Estado de Emergencia se incrementaron los abusos cometidos por Carabineros y el Ejército chileno.

 

Deudas de Sebastián Piñera

La protestas y el descontento social vigente en Chile han hecho que Sebastián Piñera presente una serie de reformas al Congreso como una referente al sistema de pensiones y el plebiscito para avanzar en la redacción de una nueva constitución el próximo mes de abril.

Ante las demandas del pueblo, el Gobierno elaboró una agenda social que otorga determinadas mejoras en algunas de las exigencias, sin embargo, no cumplen con lo que piden los manifestantes que desean un cambio en la política económica y social chilena.

Las políticas neoliberales han ocasionado que el costo de vida en el país andino sea muy elevado.

El 1 por ciento de los chilenos posee el 26, 5 por ciento de la riqueza y el 50 por ciento de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1 por ciento de la riqueza total del país. 

Asimismo, un informe de la Fundación Sol publicado en agosto pasado reveló que 7 de cada 10 trabajadores recibe un sueldo líquido inferior a 550.000 pesos lo que representa unos 745 dólares mensuales, mientras que sólo el 6,1 por ciento de los empleados chilenos gana más de 2.050 dólares mensuales.

Ante este panorama diferentes organizaciones sociales junto a ciudadanos independientes han continuado con las manifestaciones en Chile. 


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