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La Fiscalía presentó la imputación formal ante el Juzgado Penal Cautelar Primero de El Alto.
La exmandataria de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue imputada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio, así como lesiones graves y leves en grado de autoría en la investigación que se realiza por la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019.
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Áñez, al encontrase en el nivel de decisión y mando, tenía el control absoluto respecto a toda la estructura organizada de poder. En este nivel se asumieron las decisiones sobre el despliegue de unidades policiales y militares en un contexto de operaciones conjuntas, según el documento de la comisión de fiscales presentado ante un juez de la causa de El Alto.
La Fiscalía presentó la imputación formal ante el Juzgado Penal Cautelar Primero de El Alto. Además solicitan que Áñez entre en detención preventiva de seis meses en la cárcel de Miraflores, mientras avanzan las investigaciones.
Tres años y cinco meses después, la comisión de Fiscales que investiga la Masacre de Senkata (19 nov2019, ciudad de El Alto), imputó formalmente, para que se le investigue, a ex Pdta. de facto Jeanine Añez. En la masacre fueron asesinadas 11 personas y decenas heridas: @teleSURtv pic.twitter.com/Pnjw8t0j0o
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) April 18, 2023
El 19 de noviembre de 2019 se registraron los hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala, y 31 heridos. También se registró cuatro días antes la masacre de Sacaba, en Cochabamba.
En la acusación, el Ministerio Público fundamentó que Áñez fue responsable de las muertes porque emitió el decreto 4078 que permitió las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía ante las protestas pacíficas en rechazo al golpe de Estado que días antes había desalojado del poder al entonces presidente Evo Morales.
En los violentos acontecimientos ocurridos en distintas partes del país 37 personas perdieron la vida, cientos resultaron heridos y se reportaron miles de detenciones ilegales y violaciones de los derechos humanos.
A mediados del mes de enero, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que la expresidenta de facto sea juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades.
