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Este martes, efectivos de la Policia de Jujuy se despliegan en la localidad de Perico para reprimir a manifestantes que exigen la renuncia del Gobernador Morales.

Este martes, efectivos de la Policia de Jujuy se despliegan en la localidad de Perico para reprimir a manifestantes que exigen la renuncia del Gobernador Morales. | Foto: Twitter DataDiario

Publicado 27 junio 2023



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La Secretaría de Derechos Humanos denunció penalmente al Gobierno de Jujuy por la represión a manifestantes.

En el marco de las denuncias recibidas en las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos argentina pidió a la justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes.

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La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones.

También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.

El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el poder Judicial.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.

A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.

Sin embargo, este martes, efectivos de la Policia de Jujuy se despliegan en la localidad de Perico para reprimir a manifestantes que exigen la renuncia del Gobernador Morales  y la derogación de la reforma constitucional, reportó Agencia Latinoamérica Avanza.

Pietragalla Corti recorrió junto a funcionarios de la Secretaría, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta.

Ahí se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención.

Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.

Por otra parte, los abogados defensores de lideresa social encarcelada Milagro Sala denunciaron un nuevo episodio de violencia y hostigamiento por parte del gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.

La dirigente de la Tupac Amaru y presa política desde hace más de 2.700 días denunció que fue comunicada anoche, de manera “intempestiva” de una junta médica por su estado de salud.

El procedimiento se llevó a cabo con una serie de irregularidades como haber sido convocada sin motivos y realizada fuera de su hogar, donde permanece detenida en prisión domiciliaria.

Tras un hábeas corpus, se suspendió el procedimiento, aunque advierten que se pueda repetir en otra ocasión.
 


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