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Imelda Daza, vocera de agrupación política comprometida con la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia.

Imelda Daza, vocera de agrupación política comprometida con la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. | Foto: EFE

Publicado 25 mayo 2017

"Le pido al jefe de Estado encauzar el proceso (de paz) como venía dándose", expresa la representante del movimiento político Voces de Paz en la Cámara de Representantes, Imelda Daza.

La representante del movimiento político Voces de Paz, vinculado con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), Imelda Daza, le pidió al presidente Juan Manuel Santos, asumir la implementación del proceso de paz y reprogramar la dejación de armas porque no tienen seguridad jurídica.  

“Le pido que asuma las riendas del proceso de implementación del acuerdo, que utilice las facultades que la ley le da para retomarlo todo de nuevo y encauzar el proceso como venía dándose”, dijo Daza a periodistas.

>> Imelda Daza: Gobierno colombiano no cumplió con las FARC-EP 

La política se refirió al fallo del pasado miércoles por el que la Corte Constitucional declaró improcedente la prohibición al Congreso de modificar los proyectos de ley presentados mediante el “fast track” (vía rápida) para la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP.

Daza, representante de Voces de Paz en la Cámara de Representantes, aseguró que con el fallo “el acuerdo de implementación ha sufrido un revés”.

De cara al cumplimiento de los plazos para la dejación de armas por parte de las FARC-EP, que finaliza el 29 de este mes, la dirigente consideró que los tiempos que restan son escasos y se debe reprogramar.

A raíz del fallo de la Corte, las FARC-EP también manifestaron su malestar porque se produce cerca al 29 de mayo, fecha en la que por calendario concluye el plazo de 180 días acordado por las partes para la dejación de armas y desmovilización de esa organización que tiene cerca de 7.000 guerrilleros reunidos en 26 puntos del país.

>> "Voces de Paz" impulsará futuro partido político de las FARC-EP

“No hay seguridad jurídica para ellos. El fiscal puede llevarlos presos, puede hasta extraditarlos y de otra parte no tienen seguridad personal”, concluyó Daza, quien llamó al país a que se pronuncie sobre lo dicho por la Corte.


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