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Se han decomisado toneladas de productos subsidiados por el Gobierno venezolano que iban de contrabando hacia Colombia.

Se han decomisado toneladas de productos subsidiados por el Gobierno venezolano que iban de contrabando hacia Colombia. | Foto: @VielmaEsTachira

Publicado 8 septiembre 2015

La aprehensión de paramilitares responsables de diversos delitos en la zona fronteriza, y el freno al contrabando de bienes y combustible, son algunos resultados de las medidas aplicadas por el Gobierno venezolano. 

Tres semanas después de que el  presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara diversas medidas para proteger parte de la frontera que comparte su país con Colombia, esas acciones muestran consecuencias positivas en el orden económico, social y de seguridad. 

La aprehensión de paramilitares colombianos responsables de diversos delitos en la zona, y el freno al contrabando de bienes y combustible desde territorio venezolano hacia la nación vecina, son algunos de los resultados obtenidos desde entonces. 

 

Cierre de la frontera y Estado de excepción

El pasado 21 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro decretó Estado de Excepción principalmmente en seis municipios del estado Táchira -fronterizo con Colombia-, luego de registrarse el ataque paramilitar contra tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuando participaban en un operativo para combatir el contrabando de extracción. 

La medida se aplicaría por 60 días prorrogables, con el fin de “restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana” manifestó para ese momento el mandatario venezolano, por lo que también decidió cerrar temporalmente el paso de la frontera con Colombia en la entidad andina. 

Maduro designó al gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora como jefe de zona especial fronteriza para restablecimiento integral y en ese sentido, informó que serían desplegados 2.500 efectivos de seguridad venezolanos como parte de la Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), con el fin de frenar el accionar del paramilitarismo colombiano en Venezuela. 

Caen miembros del paramilitarismo

​Apenas a dos días de decretarse el Estado de Excepción, Vielma Mora informó que ocho presuntos paramilitares, miembros del grupo “Los Urabeños” fueron capturados. Dicha banda se dedicaba al narcotráfico, extorsión, tráfico de personas, incluidos menores de edad, y estaban vinculados con el ataque de los tres miembros de las FANB. 

El 24 de agosto, el Jefe de Estado venezolano dio a conocer los rostros de ciudadanos venezolanos y colombianos que guardaban relación con el ataque en San Antonio del Táchira, entre ellos una mujer, pareja de uno de los jefes de las células paramilitares. 

Los Urabeños, también llamados los Urabá o Clan de Úsaga, conforman el grupo paramilitar más grande, con presencia en 19 departamentos entre ellos el Norte de Santander, que colinda con Venezuela por el estado Táchira. 

El control por el territorio colombo-venezolano, es disputado contra otra banda paramilitar, conocida como “Los Rastrojos”.

Se presume que la guerra entre ambos grupos irregulares se intensificó en 2011, por órdenes del entonces jefe de los Urabeños, Carlos Andrés Palencia con el fin de hacerse del control de Cúcuta y Táchira. 

Lea también: Maduro amplía cierre de frontera en cuatro municipios del estado Táchira

Los Urabeños deviene de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por lo que los métodos usados por dicha organización criminal son de orden de guerra, que van desde sicariatos hasta torturas y ataques terroristas perpetrados con bombas. 

 

Ya en 2014, el ministro de Interior y Justicia en Venezuela, Miguel Rodríguez Torres había denunciado la presencia de una de las células paramilitares de los Urabeños en Táchira, donde informó que luego de una serie de allanamientos en la entidad andina, se aprehendieron a ocho sujetos que se dedicaban a la extorsión y la falsificación de medicamentos. 

Los Urabeños se han caracterizado por ser una banda que abusa de los menores de edad y especialmente del sexo femenino, lo que se ha traducido en la esclavitud sexual de cientos de féminas, según una investigación realizada por la periodista colombiana, Jineth Bedoya. 

Una vez se activó la OLP en Táchira, el Gobernador denunció que se descubrió una serie de casas de citas y especies de calabozos, que eran utilizados por miembros de la banda delictiva. 

Lea además: Colombia-Venezuela: paramilitarismo, contrabando y cierre de frontera

Durante la supervisión de la OLP en la frontera colombo-venezolana, el vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza informó la detención de Diego Armando Muentes Burgos, conocido como “El Cepillo” principal miembro de los Urabeños, donde exhortó al gobierno colombiano a aplicar medidas para hacerle frente al conflicto, que se ha desbordado a territorio venezolano.

El pasado 5 de septiembre, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Los Andes, Mayor General Efraín Velazco Lugo, informó que fueron detenidas en Táchira 14 personas vinculadas al paramilitarismo colombiano, de las cuales nueve fueron trasladadas a Caracas para que les fuese iniciado un proceso judicial.

El combustible se diluye en la frontera

El bajo costo del combustible en Venezuela ha conllevado que mafias externas al país vean una “oportunidad de negocio” con este recurso.

Actualmente Los Urabeños y Los Rastrojos se disputan el control de la extracción y venta ilegal del combustible venezolano. Según el portal Verdad Abierta, Los Urabeños manejan la movilidad de los carrotanques o gandolas que transportan el combustible producto del contrabando desde Venezuela, mientras que Los Rastrojos controlan a los pimpineros, quienes están dispuestos en las calles del Norte de Santander para abastecer de manera informal los automóviles del departamento fronterizo.

Según el corresponsal de teleSUR en Colombia Milton Henao,casi 6 mil familias viven de este negocio, debido a las pocas fuentes de empleo formal existentes en Cúcuta, territorio que ocupa el segundo lugar de desocupación en Colombia con 14 por ciento hasta junio de este año.

Los pimpineros, quienes se han autocalificado como el “eslabón más débil” de ese negocio, detallaron que ese recurso se distribuye en 50 por ciento para el interior de Colombia, 30 por ciento para facilitar el transporte destinado al procesamiento de coca y para miembros del paramilitarismo y apenas el 20 por ciento se distribuye en Cúcuta.

Tras el cierre de la frontera, han disminuido las largas colas que caracterizaban a las estaciones de servicio en Táchira, las cuales se han mudado en el Norte de Santander, donde apenas días después de haberse cerrado el paso en el Puente Simón Bolívar, se observaron interminables colas. Además, el costo de cada pimpina de gasolina pasó de 20 a 50 mil pesos colombianos de forma drástica.

Productos subsidiados por comerciantes informales

El alto costo de la vida en Colombia ha generado, al menos en las entidades fronterizas con Venezuela, que la extracción de productos básicos no sea solo un negocio para subsistir, sino que además sea una alternativa más económica para los habitantes del vecino país.

La Ley Nacional de Precios Justos en Venezuela ha sido provechosa para los comerciantes informales y para el colombiano que día a día lucha para rendir su dinero. En Venezuela existen 50 productos regulados. La cercanía cultural entre Colombia y Venezuela, da pie a que ambos países consuman prácticamente los mismos alimentos.

Como parte de las operaciones realizadas en la frontera, las autoridades venezolanas han decomisado toneladas de bienes, entre ellos alimentos y productos de higiene personal, que son utilizados para el contrabando hacia el lado colombiano. 

Venezuela llama a dialogar 

Venezuela no ha anunciado fecha exacta de la apertura de la frontera con Colombia, debido a que no existen aún las condiciones, según ha expresado el presidente Maduro. 

En ese sentido, el mandatario venezolano ha aclarado que las medidas no corresponden a un sentimiento “anticolombiano”, sino que buscan frenar la extensión del conflicto armado que se vive en Colombia desde hace más de medio siglo.

“Hasta que no haya paz, se restablezca la normalidad y la legalidad”, fueron las condiciones exigidas a Colombia tres días después de decretar el Estado de Excepción a mediados de agosto.

Durante estas jornadas, el jefe de Estado ha reiterado los llamados a su par colombiano, Juan Manuel Santos, para emprender un diálogo que permita enfrentar los problemas fronterizos en beneficios de sus respectivos pueblos. 


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