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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) condenó los asesinatos de los periodistas mexicanos Anabel Flores Salazar y Reinel Martínez Cerqueda e instó a las autoridades a procesar a los culpables.
"Es preciso que los periodistas puedan ejercer sus deberes profesionales libremente sin temer por sus vidas", manifestó la directora general de la Organización, Irina Bokova a través de un comunicado.
La máxima autoridad de este organismo señaló que estos crímenes han privado a la población de voces que alimentaban el debate público y contribuyan a la libre circulación de la información.
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Por ello, Bokova pidió en el nombre de la Justicia y para promover condiciones de trabajo más seguras para los periodistas, que este caso además de ser investigado, procese a sus culpables.
Flores Salazar era una periodista del diario local "El Sol de Orizaba" donde cubría la fuente de asuntos policiales, y colaboraba en otros dos medios locales, "El Buen Tono" y "El Mundo de Orizaba".
La profesional fue secuestrada el pasado lunes de su vivienda, localiza en el municipio de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz (sureste) por grupos armados. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado en el estado vecino de Puebla.
Flores tenía 32 años y era madre de dos niños, uno de ellos con 15 días de nacido.
El periodista Martínez Cerqueda, fue ultimado a balazos el pasado 21 de enero en el municipio de Santiago Laollaga, en Oaxaca (sur), era locutor de diversos programas de la radio comunitaria "El Manantial".
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Su crimen se registró horas después del asesinato de Marcos Hernández Bautista, corresponsal de Diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca en la región de la Costa.
Comisión de Derechos Humanos de México exige investigar
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también se pronunció sobre el asesinato de la periodista Anabel y le hizo un llamado a las autoridades del estado de Veracruz que deben agotar todas las líneas de investigación incluyendo la de su labor periodística.
El pronunciamiento fue realizado a través de un comunicado en el que instó a no criminalizarla como lo han hecho las autoridades locales, “eso constituye una práctica que contraviene y violenta el derecho a la dignidad de las personas”.
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