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Cardoso sostiene que si bien se trabaja con plazos de acuerdo a un cronograma, es inconstitucional fijar fechas topes para finalizar un proceso judicial.

Cardoso sostiene que si bien se trabaja con plazos de acuerdo a un cronograma, es inconstitucional fijar fechas topes para finalizar un proceso judicial. | Foto: @AdrianateleSUR

Publicado 2 junio 2016

Los partidarios afectos a la mandataria Dilma Rousseff impidieron la aprobación de una polémica propuesta para acortar los tiempos de la defensa y acelerar el juicio. 

El Senado de Brasil en medio de disputas decidió este jueves no votar por el calendario del juicio político a la mandataria Dilma Rousseff, por lo que la comisión especial decidió esperar la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). 

Así lo informó la corresponsal de teleSUR en ese país, Adriana Robreño, a través de su cuenta Twitter. 

Polémica propuesta para acelerar el golpe

Los parlamentarios defensores de Dilma Rousseff rechazaron una polémica propuesta que presentó la senadora Simone Tebet, que consistía en acortar los tiempos para la defensa, para que el juicio concluya a mediados de julio y no en los primeros días de agosto, como estaba planteado. 

Tebet forma parte del Partido Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el presidente interino de Brasil, Michel Temer. 

>> Pepe Escobar: Rousseff puede volver al poder en poco tiempo

Más temprano, la corresponsal de teleSUR, Adriana Robreño, a través de la red social Twitter, informó que la mayoría de los senadores están a favor de la destitución de la mandataria electa democráticamente, por lo que estos quieren disminuir los plazos presentados inicialmente por el relator.

Para ello, según lo informado por Robreño, la senadora Simone Tebet invocó el inciso 78 de artículo 5 de la Ley de Defensa para acortar a 20 días los plazos para dar el resultado final tanto por parte de Defensa como por los acusadores.

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Mientras que Raimundo Lira, el presidente de la comisión de impeachment, se mostró a favor de la propuesta de Tebet, bajo el argumento de que la prestación juridiccional tiene que hacerse de manera "acelerada y planificada". 

En contraste, el representante de la mandataria Rousseff, José Eduardo Cardoso, rechazó tal acortamiento por carecer del tiempo necesario para ejercer su defensa e indicó que la Constitución Federal no determina los plazos para desarrollarse un proceso judicial y que mucho menos un juez tiene la potestad para establecer una fecha límite.

Aclaro que si bien se trabaja con fechas tentativas y plazos basados en cronogramas de trabajo; "fijar tiempos que no estén establecidos dentro de la ley, como quieren los senadores, califican como una ofensa a la Constitución y a la ley de la defensa", dijo.

La comisión especial del Senado discutirá el cronograma este jueves.
La comisión especial del Senado discutirá el cronograma este jueves.

Esta reunión se realizó luego de que Cardozo entregara este miércoles a la Comisión a cargo del juicio político la estructura de la defensa de la mandataria. 

El informe de 370 páginas argumenta que el proceso se activó, no porque la mandataria haya cometido un crimen de responsabilidad, sino porque sectores políticos de Brasil querían detener la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras, conocida como Lava Jato.

A este último caso, la senadora Vanessa Grazziotin solicitó que se suspendiera los trabajos de la comisión hasta que no se aclarara todo lo referente a los recientes audios que involucran a miembros del partido de presidente interino Michell Temer, Movimiento Democrático Brasileño, sobre la intención de destituir a Dilma Rousseff  y paralizar esta operación. No obstante, Lira no aprobó esta propuesta, informó Robreño.

Robreño, en este orden de ideas, indicó que tras la recientes deslegitimaciones en torno al juicio y en contra de Temer, además del multitudinario rechazo popular que sufre el presidente interino, los interesados en destituir a Rousseff están tan interesados en apresurar el juicio político en su contra. 

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En contexto
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
Pese a la falta de una base legal para realizar un juicio político en contra de Rousseff, el Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra la presidenta el pasado 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.

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