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Solo se aprobaron modificaciones a ocho artículos. (Foto: Archivo)

Solo se aprobaron modificaciones a ocho artículos. (Foto: Archivo)

Publicado 30 julio 2014

El senado mexicano aprobó una serie de modificaciones hechas a la Reforma energética y envió nuevamente para su aprobación otro paquete de normas complementarias.

Tras la aprobación por parte de los diputados mexicanos de las modificaciones que fueron hechas a la Reforma Energética, este miércoles, el segundo paquete de legislaciones secundarias sobre energía regresará al Senado para su futura aprobación.

Luego de 14 horas de discusiones, el pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a otro de los seis dictámenes con normativas complementarias, el cual contiene las leyes de la Industria Eléctrica, de Geotermia y cambios en la Ley Nacional del Agua.

El nuevo ordenamiento regula la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, permite la participación de particulares en la generación del sector, y establece que la transmisión y distribución de esa energía quedarán reservadas al Estado.

También comprende un marco destinado a regular el aprovechamiento y explotación de los yacimientos geotérmicos para generar electricidad, y la presencia de la iniciativa privada en este tipo de actividades productivas.

Solo se aprobaron modificaciones a ocho artículos, entre ellos el número 71, el cual señala que la industria eléctrica se considera de utilidad pública y, por tanto, procederá la ocupación y afectación superficial o la constitución de servidumbre para ese servicio.

El diputado presidente José González Morfín ordenó devolver de inmediato ese proyecto al Senado para su análisis y, en caso de considerarlo, ratificar los cambios referidos.

Según los defensores de este y los otros dictámenes energéticos que se discuten en la Cámara baja, la participación de empresas privadas promoverá inversiones y generará condiciones de competencia para ofrecer a los usuarios opciones más accesibles.

Pero las fuerzas contrarias a la iniciativa sostienen que la reforma energética equivale a poner en manos foráneas los recursos naturales del país, y a privatizar tanto el petróleo como la electricidad, dos bienes que hasta ahora estaban bajo el control del Estado.


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