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Este jueves el portavoz de Unidad Popular-Izquierda Unida (UI), Alberto Garzón, presentó ante el Tribunal Supremo una demanda en contra del presidente de gobierno de España, Mariano Rajoy, por haber firmado el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre el tema de los refugiados.
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"Este acuerdo condena a niños, mujeres y ancianos, y es responsabilidad de quienes lo firmaron", manifestó Garzón, el vocero de la IU ante las puertas del Tribunal Supremo.
Acabamos de presentar la querella a Rajoy en el Tribunal Supremo, por delitos de lesa humanidad. #QuerellaRajoy pic.twitter.com/Fj1BV3mfQN
— Alberto Garzón (@agarzon) 7 de abril de 2016
De acuerdo a esta demanda, el mandatario en funciones pudo haber cometido cuatro tipos de delitos. Uno de ellos es el de lesa humanidad, es decir en contra de los seres humanos que luchan por escapar de la violencia que los mismos países occidentales generaron en sus regiones de origen.
Los otros tres comprenden delitos cometidos con ocasión de un conflicto bélico, delitos contra la integridad moral y delitos cometidos por los funcionarios públicos en contra de otros derechos individuales, así como también todas aquellas conductas que signifiquen una violación a los derechos humanos y que se revelen en el curso de la investigación.
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"Este acuerdo supone un enmascaramiento de las intenciones reales de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, que no son otras que impedir por la fuerza que los refugiados lleguen hasta la UE, ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de derechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, con los refugiados", expresa el texto de la demanda penal contra Rajoy.
Esta acción penal, además de contar con el apoyo de IU, contó con el acompañamiento de la eurodiputada Marina Albiol y el abogado Gonzalo Boye.
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En Contexto
La coalición Izquierda Unida había advertido sobre el inicio de un procedimiento penal en contra del mandatario el pasado mes de marzo. Esta decisión incluía a otros miembros del Consejo de Ministros.
La razón se debe a la decisión de estos funcionarios de firmar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía el pasado el pasado 18 de marzo para "evitar la entrada de inmigrantes ilegales".
En principio este acuerdo entre la UE y Turquía desconoce a los refugiados que huyen de la guerra en Siria como tales y los califica de migrantes irregulares. Por esta razón, todos los migrantes que crucen de forma irregular las islas griegas deberán ser devueltos a Turquía, violando los acuerdos europeos e internacionales sobre derechos humanos.
A cambio, el Gobierno turco recibirá 3 mil millones de euros (3 mil 300 millones de dólares) para supuestamente ayudar a Turquía a combatir la crisis generada por recibir a tantos "migrantes irregulares". Sin embargo, se maneja la posibilidad le elevar la cifra a 6.000 millones de euros. Otro beneficio es la eliminación del requisito de visado para que los ciudadanos turcos puedan entran a la UE.
